El pasado septiembre el multimillonario Mikati llegó al Palacio de Gobierno, tras casi un año de interinidad del anterior Ejecutivo debido a desacuerdos políticos sobre el reparto de carteras, y prometió redimir a una población sumida en la pobreza, los cortes eléctricos y la falta de combustible o medicinas.
Sin embargo, una vez más, la falta de consenso y los intereses personales de algunos políticos se han interpuesto en el camino hacia la recuperación, en este caso con un boicot al Consejo de Ministros por parte de algunos se sus integrantes en los pasados dos meses y medio.
DIEZ SEMANAS SIN CONSEJO DE MINISTROS
A mediados del pasado octubre, quedó pospuesta sin explicación una sesión del Gabinete y al día siguiente siete personas murieron en una protesta de partidarios de las formaciones chiíes Amal y Hizbulá contra el juez a cargo de investigar la explosión que en agosto de 2020 causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en Beirut.
Se cree que la presión de Amal, liderada por el poderoso presidente del Parlamento y a la que pertenecen dos ex altos cargos sospechosos de negligencia en el caso de la deflagración, es la causa de que no haya vuelto a reunirse el Consejo de Ministros desde entonces.
Mikati ha reconocido presiones para "intervenir" en el plano judicial, pero no ha señalado a nadie directamente por el boicot, que llegó tras semanas de demandas, suspensiones de la pesquisa y órdenes de arresto no ejecutadas entre el magistrado Tarek Bitar y políticos de distinto signo a los que investiga.
"Hubo un acuerdo con el Gobierno, pero se cayó. Era que Tarek Bitar se dedicase a juzgar a los no políticos y que los políticos, parlamentarios y ministros fuesen juzgados por el Consejo Supremo, (competente) para juicios de presidentes y ministros", explicó a Efe la abogada y activista Diane Assaf.
Ninguno de los principales sospechosos, algunos con escaños en el actual Legislativo, ostenta ya ministerios.
LA ECONOMÍA SIGUE EN CAÍDA LIBRE
El cometido más urgente de Mikati y su equipo es atajar la grave crisis económica, considerada una de las peores del mundo en más de siglo y medio, después de que la moneda local perdiese más del 90 % de su valor en apenas dos años y la inflación se disparase de forma astronómica.
La libra libanesa se fortaleció ligeramente tras la formación de su Gobierno, bajando hasta las 16.000 unidades por un dólar en el mercado paralelo, pero no tardó en reflejar la parálisis política con una nueva caída libre que ha continuada hasta alcanzar el récord de 28.000 por cada billete verde.
"Las pérdidas del BDL (Banco Central del Líbano) han aumentado en 3.000 millones de dólares en tan solo un mes, un ritmo significativamente acelerado. Además, las reservas internacionales continúan bajando unos 310 millones de dólares mensuales (más de 3.700 millones de dólares al año)", afirmó recientemente en su cuenta de Twitter el economista Mike Azar.
"No tenemos que buscar mucho para (encontrar) una razón de por qué la libra libanesa sigue debilitándose", agregó el experto financiero.
El único salvavidas a la vista es el plan de recuperación que Beirut negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene previsto enviar una delegación al Líbano en enero para debatir la hoja de ruta preparada por un Gobierno que no se ha reunido a alto nivel en diez semanas.
UN GOBIERNO INOPERATIVO
Para el analista y político Mohamed Obeid, la dimisión del Ejecutivo en estos momentos solo contribuiría a "continuar con el colapso". En su opinión, sólo existen dos posibles salidas: "la dimisión de los ministros" protagonistas del boicot o "la destitución del juez investigador".
No obstante, la única forma de relevar a Bitar es que el Gobierno "revoque" la apertura de la pesquisa ordenada por el anterior Ejecutivo, lo que supondría la cancelación de "toda la investigación, no solo del investigador", precisó a Efe el también exdirector del Ministerio de Información.
Obeid aboga por la renuncia de los ministros que se niegan a acudir a las sesiones del Gabinete, principales responsables de la actual parálisis.
"El Gobierno hoy no es dimisionario ni está en funciones, teóricamente es un Gobierno operativo, pero en la práctica es inexistente", concluyó.