El Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Washington en un recurso contra un fallo del pasado enero que había denegado la entrega del activista al considerar que presenta riesgo de suicidio.
El caso regresará ahora a la Corte de Magistrados de Westminster, de primera instancia, para que a su vez sea remitido a la ministra del Interior, la conservadora Priti Patel, que debe decidir si ejecuta la extradición.
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Stella Moris, la prometida del periodista de 50 años y madre de sus dos hijos menores, ya ha adelantado que recurrirán "lo antes posible" el "injusto" fallo, lo que significa que este proceso se alargará, mientras Assange sigue en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh.
Garantías de EE.UU.
En el dictamen presentado hoy, los jueces Ian Burnett y Timothy Holroyde discrepan, en línea con Estados Unidos, con la actuación de la magistrada Vanessa Baraitser de la Corte de Westminster.
Señalan que, antes de pronunciar su fallo contra la extradición, debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
En todo caso, Burnett y Holroyde señalan que las garantías presentadas a posteriori ante el Tribunal de Apelación "son suficientes" y por tanto se puede proceder a la entrega del activista.
Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., garantizó que de ser extraditado Assange no será sometido a "medidas administrativas especiales" (SAM, en inglés) como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de máxima seguridad- en Colorado, a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo.
Además, Washington promete que, mientras estuviera bajo custodia, el programador informático recibiría el tratamiento psicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.
El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, rebatió sin embargo que "nada de esto impide" que su cliente sea detenido en un perjudicial régimen de aislamiento o ingrese en otra prisión restrictiva de las muchas que hay en EE.UU., o que Washington "cambie de opinión" respecto a las SAM.
Dudó además de que la oferta de tratamiento médico sea suficiente -vistos los intentos de suicidio de presos en situación similar- y señaló que una posible transferencia a Australia se produciría al final de un largo proceso legal y podría ser eventualmente rechazada.
No tira la toalla
Moris, que espera casarse en breve con su novio tras obtener la autorización del centro penitenciario, consideró el fallo "peligroso y equivocado" y "una gran injusticia".
"¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible, extraditar a Julian al país que intentó asesinarle?", afirmó la abogada, en alusión a la revelación el pasado septiembre de una supuesta trama de la CIA para secuestrar y matar a su pareja cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo por su parte que "no se puede confiar" en las garantías ofrecidas por EE.UU. y pidió que se retiren los cargos.
El exjuez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa internacional del activista, mostró a su vez su "más profundo desacuerdo" con el fallo del tribunal inglés y aseguró que "agotarán todos los recursos".
Esta decisión "consuma la persecución política desencadenada por Estados Unidos contra WikiLeaks y Julian Assange por haber denunciado hechos gravísimos que afectaban a la seguridad de todos", señala en un nota de su despacho.
Estados Unidos imputa a Assange 18 delitos -que según la defensa, podrían acarrear 175 años de cárcel- por las publicaciones de WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de EE.UU. en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
Detenido inicialmente en 2010 a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales después desestimado, el periodista lleva más de una década recluido en el Reino Unido pese a no a haber sido condenado por ningún delito.
Primero bajo arresto domiciliario, después refugiado en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 y actualmente en prisión a la espera de que termine el actual proceso.