“Si en el momento de tomar una decisión se han tomado estos pasos y si sigue existiendo una variante altamente contagiosa del coronavirus, entonces la obligatoriedad de la vacuna como último recurso es admisible desde un punto de vista de los derechos humanos”, afirmó hoy Beate Rudolf, directora del DIMR.
En una rueda de prensa para presentar el sexto informe sobre la situación en Alemania de los derechos humanos, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, subrayó la importancia, antes de cualquier obligatoriedad, de facilitar al máximo el acceso voluntario a la vacuna y a la correspondiente información.
Menos dudas arroja la obligatoriedad en centros médicos y residencias, donde es "correcta" y está "justificada" porque "se trata de la protección de personas particularmente vulnerables", subrayó.
Aun así, agregó, es importante que al mismo tiempo exista una ofensiva para que la opción de vacunarse llegue a estos centros.
Por otra parte, Rudolf señaló que el estatus de no vacunado no puede ser un criterio para denegar la asistencia en las ucis en una situación de saturación. "También una persona no vacunada tiene el derecho a la salud" y "no se pierden los derechos humanos por un comportamiento insensato o insolidario", dijo.
En términos generales, subrayó que "todo el mundo debe tener el mismo acceso a la atención médica en las ucis" y ser tenido en cuenta en igualdad de condiciones "en una decisión trágica como es un triaje".
En ese sentido, urgió al Bundestag (cámara baja), como ya hizo el año pasado, a legislar qué criterios pueden ser aplicados si debido a una saturación de las ucis "hay que elegir entre pacientes".
Ya entonces, recordó, se dijo que el tiempo pronosticado de vida, estimaciones sobre la calidad de vida o la edad "no pueden ser criterios para un triaje", en el que siempre se verían desfavorecidas las personas con discapacidad y los mayores, lo cual, señaló, es "discriminatorio".
Rudolf se refirió asimismo al trato dispensado a los niños y jóvenes durante la pandemia, en los que el Estado no los ha considerado como "personas con derechos propios que deben ser escuchadas", sino más bien como "propulsores de la pandemia".
“No se les tuvo en cuenta, no se les escuchó, no se les hizo partícipes” de las decisiones políticas, criticó, al referirse en particular al cierre de escuelas y guarderías.