En una jornada inédita y celebrada transversalmente, el Congreso dio luz verde a un proyecto de ley que llevaba más de cuatro años en discusión y que tan pronto como sea promulgado permitirá que se casen dos personas del mismo sexo.
Con esta decisión, Chile sigue la estela de otros países latinoamericanos que lo aprobaron recientemente como Costa Rica o Ecuador, y otros que llevan años contemplando este derecho, como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y varios estados de México.
"UN PASO HISTÓRICO"
"Es un paso histórico, revolucionario, que cambia la historia de país y termina con el abuso sistemático hacia cierto tipo de familias", exclamó a Efe Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una emblemática organización que lleva años luchando por este derecho.
En la céntrica Plaza Italia de Santiago cientos de personas se congregaron en la tarde en ambiente festivo para festejar esta ley, que también reconoce los derechos filiativos de los homosexuales, es decir, la posibilidad de que se reconozcan los hijos en común.
"Hoy ponemos fin a muchos años de homofobia y transfobia y estamos aquí celebrando el amor", dijo a Efe Matías Ovalle, un joven que salió a la calle a festejar.
CON APOYO TRANSVERSAL
La propuesta obtuvo un amplio respaldo en ambas cámaras: en la Cámara de los Diputados se aprobó por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones; mientras que, horas antes, la Cámara Alta le dio el visto bueno con el respaldo de 21 senadores, 8 en contra y 3 abstenciones.
Entre la oposición, el apoyo fue rotundo y dentro del oficialismo (centro-derecha) fue mayoritario, en parte por el empuje que traía el proyecto después de que el actual mandatario, el derechista Sebastián Piñera, se mostrara a favor y urgiera su discusión el pasado julio.
"Qué lindo ver cómo la ciudadanía chilena es más libre. Por la libertad para casarte con quien tú quieras, sin que nadie te imponga qué es el amor ni cómo debe ser una familia", celebró el diputado de izquierda Gonzalo Winter, Frente Amplio (FA).
Dejar de juzgar el matrimonio entre parejas del mimo sexo como "malo o sospechoso" es un "cambio cultural de fondo" que el país debe hacer, sentenció por su parte el senador de derecha Rodrigo Galilea (Renovación Nacional).
Pese a los recientes avances en materia de derechos sociales, Chile es considerado como uno de los países más conservadores de la región, especialmente por su fuerte tradición católica.
El divorcio no se legalizó hasta 2004 y el derecho al aborto solo está contemplado desde 2017 en tres casos concretos (inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre o violación).
"Hoy es un día alegre para Chile. Avanzamos en el reconocimiento de todos y en abrazar la diversidad", sostuvo por su parte el portavoz de Gobierno, Jaime Bellolio.
En la noche, y como conmemoración, se iluminó la fachada del Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo, con la bandera multicolor.
CUATRO AÑOS DE OBSTÁCULOS
La iniciativa de matrimonio igualitario se presentó en 2017 gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018) y estuvo estancada durante casi cuatro años.
En un giro sorpresivo de acontecimientos, el presidente Sebatián Piñera dijo este año que había "llegado el tiempo" de aprobarlo, pero el anuncio cayó como un jarro de agua fría entre los sectores más conservadores de la derecha, que en los últimos meses lograron alargar al máximo su discusión.
Han sido las plataformas de derechos sociales las que han impulsado su tramitación y han luchado para que se incluyan aspectos como eliminar la homosexualidad como causal de divorcio culposo, reconocer las uniones contraídas en el extranjero o definir el orden de los apellidos de los hijos.
Isabel Amor, directora de la Fundación Iguales, otra de las plataformas LTGBI más importantes, celebró el proyecto y agregó que es un "símbolo" en la lucha contra la violencia que sufren las personas del colectivo de la diversidad sexual y de género.
Hasta ahora y desde 2015, las personas homosexuales solo podían unirse bajo la figura legal del Acuerdo de Unión Civil (AUC), que no reconoce derechos filiativos.