El grupo, denominado Soberanos y liderado por Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente de Argentina durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), propone que el Ejecutivo, antes de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, acuda a Naciones Unidas.
En concreto, según un documento que el colectivo difundió este viernes, sugieren que el Gobierno solicite a la Asamblea General de la ONU que le pida a la Corte Internacional de Justicia una "opinión consultiva" y que ese tribunal se expida "sobre la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo" de 2018.
Hace tres años, el entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) firmó con el Fondo un acuerdo de auxilio financiero por hasta 56.300 millones de dólares, de los que finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares, generando una deuda que actualmente ronda los 43.300 millones de dólares.
Según lo pactado en 2018, Argentina debería pagar al FMI esa deuda en los próximos tres años, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.
EN MEDIO DE LA NEGOCIACIÓN
Las negociaciones para un nuevo programa con el FMI se iniciaron el año pasado y han estado salpicadas por las discrepancias al interno del Gobierno sobre qué hacer con la abultada deuda con el organismo.
La propuesta lanzada por este grupo político, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández, llega en vísperas de que equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino viajen a Washington para reunirse con el "staff" del Fondo con miras a llegar a un entendimiento.
El grupo liderado por Boudou, quien fue condenado en 2018 en un caso por corrupción, plantea que el FMI "incumplió con sus normas" al permitir que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su "objetivo específico" -fortalecer las reservas monetarias-, por lo que, a su juicio, es "imprescindible" poner en "evidencia" ese accionar del organismo para que cese la "impunidad de sus manejos".
"Si queremos ser un país soberano, resulta necesario utilizar todos los recursos legales de que se dispone, para que se reconozcan nuestros derechos y se ponga en evidencia el ilegal comportamiento del FMI a través del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia", afirma el documento.
El grupo se mostró además contrario a firmar un acuerdo que implique aceptar "un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI", y que impliquen ajuste fiscal y devaluación de la moneda argentina.
GOBIERNO PIDE "EVALUACIÓN"
Alberto Fernández había dicho este jueves, en un encuentro con empresarios, que su Gobierno le solicitó al FMI que, antes de cerrar un nuevo acuerdo, haga una evaluación de lo que fue el "fallido programa stand-by" de 2018, con desembolsos que "se malutilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales".
"Necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Es un paso necesario en este camino. Para poder escribir una nueva página, necesitamos cerrar el capítulo anterior. Hagámoslo rápido y así avanzaremos sobre un terreno más firme y despejado", sostuvo Fernández.
El mandatario afirmó que la negociación progresa "a paso seguro y con el pulso firme".
El Gobierno tiene previsto enviar este mes al Parlamento un proyecto de ley con los entendimientos a los que haya llegado con el “staff” del Fondo.