El senado de la ciudad-estado de Berlín, donde la incidencia acumulada en siete días ascendió a 349 infecciones por cada 100.000 habitantes, decidió reforzar la normativa 2G (vacunados, sanados, por sus siglas en alemán) ya en vigor.
Así, sólo las personas que estén inmunizadas podrán acceder al comercio minorista, con la excepción de los establecimientos donde se venden productos de primera necesidad, que seguirán abiertos a los no vacunados.
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Además, incluso las personas inmunizadas deberán presentar un test negativo para acceder a actividades recreativas y espacios de ocio donde no sea posible el uso de mascarilla, como por ejemplo la restauración.
No cerrarán sin embargo los tradicionales mercados de Navidad, que funcionarán también bajo las consabidas reglas 2G, ni se prohibirán los grandes eventos como partidos de fútbol o conciertos, aunque sí que se introducirán límites de aforo.
“El objetivo no es molestar a los no vacunados,” explicó el secretario de estado berlinés para la sanidad, Martin Gatz, al anunciar las medidas en rueda de prensa, en la que incidió en la necesidad de proteger a la población y garantizar el funcionamiento de los hospitales.
“El 72% de los ingresados en noviembre no están vacunados, aunque solo representan el 20 % de la población adulta”, señaló Gatz, quien advirtió que las medidas anunciadas este martes no tendrán un impacto inmediato, sino que habrá que esperar al menos tres semanas para ver un resultado.
Muchos hospitales de Berlín, donde se registraron 3.262 nuevas infecciones y 5 muertes en las últimas 24 horas, están aplazando ya todas las operaciones de carácter no urgente.
El director de la unidad de intensivos del hospital berlinés St. Gertraudekrankenhaus, Jörg Weimann, alertó por su parte este martes de que en las ucis de la capital solo quedan 85 plazas libres, por lo que no se puede descartar que en un futuro próximo haya que hacer uso del triaje.
Cinco personas de dos núcleos familiares
A la capital germana se suman otros estados federados que esta semana adoptaron o prevén adoptar medidas de emergencia ante el aumento imparable de los contagios.
Así, en Baviera -donde la incidencia a siete días se sitúa ya en 644,9 nuevas infecciones- a partir del miércoles solo se podrán reunir cinco personas de dos núcleos familiares distintos, sin contar a niños y a vacunados.
Además, el “Land” meridional cerrará bares y clubs durante tres semanas y para acceder a las actividades recreativas, ya exclusivas para vacunados y sanados, será preciso además presentar un test negativo.
Baviera impondrá asimismo límites de aforo en el comercio, reducirá los horarios de apertura de la hostelería y clausurará sus famosos mercadillos de Navidad.
También Brandeburgo, en el noreste, prevé restringir contactos a un máximo de cinco personas y extender el 2G al comercio minorista, con la excepción de los supermercados.
Otros estados federados como Turingia (este) y Baden-Württemberg (suroeste) se plantean la introducción de toques de queda nocturnos para los no vacunados, como el que está vigente ya en Sajonia (este), al menos en los “puntos calientes” con un mayor número de infecciones,
Test negativo para el transporte público
Este miércoles entrarán en vigor en todo el país las medidas aprobadas la semana pasada por el Bundestag como parte de la nueva Ley de Protección contra las Infecciones que sustituirá a la ley extraordinaria que expira el próximo 25 de noviembre.
De esta forma, se implementará el conocido como “3G” (vacunados, sanados o con test) en el transporte público y de larga distancia, así como en el puesto de trabajo.
Eso implica que quienes no estén inmunizados deberán presentar un test negativo realizado en las últimas 24 horas para acudir a trabajar, para utilizar el metro o el autobús urbano o para tomar el avión o el tren, aunque existen dudas sobre las capacidades reales para controlar su implementación.
En Berlín, la compañía de transporte de la capital indicó este martes que sus revisores realizarán controles aleatorios, con el apoyo de la policía, para detectar a quienes incumplan la medida, que serán expulsados y deberán pagar una multa, de cuantía aun por determinar.
En el resto del país, donde en general no existe el modelo de tornos para acceder al transporte público, se recurrirá a medidas similares, aunque desde el sector y desde la política local advierten de que será imposible controlar a los pasajeros a gran escala.