Los senadores opositores no lograron reunir el cuórum necesario de dos tercios (29 votos del total de 43 escaños) para aprobar la acusación contra el mandatario, que la semana pasada fue validada por la Cámara de Diputados para iniciar un proceso que en la práctica es un juicio político en el que la Cámara alta actúa como jurado.
La acusación constitucional tuvo lugar apenas cinco días antes de que el próximo domingo 21 de noviembre el país celebre elecciones presidenciales para buscar al sucesor de Piñera, que acabará su mandato en marzo de 2022 y que tras el resultado de este juicio de momento podrá seguir en el cargo los meses que le quedan.
La sesión comenzó con la exposición de tres diputados opositores, que dieron a conocer a los senadores el libelo acusatorio impulsado por la Cámara baja, que culpaba al gobernante de haber faltado al principio de “probidad” y de “comprometer gravemente el honor de la Nación”, a partir de lo desvelado por los papeles de Pandora.
Esta investigación periodística divulgó el pasado mes de octubre que el presidente chileno vendió sus acciones del megaproyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su primer mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un condicionante de política ambiental.
Los diputados encargados de exponer la acusación al Senado argumentaron que existió "conflicto de intereses" y "un actuar sin ética" que daña la imagen del país, la democracia y su institucionalidad.
La defensa, que estuvo a cargo del abogado de Piñera, Jorge Gálvez, expuso que en el proyecto Dominga había varios “inversionistas pasivos”, entre los que se encontraba la familia del mandatario, y que “ellos no eran los dueños” y “no vendieron nada”.
Escuchados los argumentos de ambas partes, la acusación relativa a la afectación del principio de probidad obtuvo 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención; mientras que en el capítulo relativo al honor de la Nación sumó 22 a favor, 20 en contra y 1 abstención.
Para que la acusación constitucional hubiese sido aprobada, escenario en el que Piñera quedaba destituido y sin poder desempeñar ninguna función pública durante cinco años, se necesitaba que al menos uno de los dos capítulos acusatorios lograra 29 votos favorables, pero la oposición solo controla 24 escaños.
Al margen de este juicio político, la Fiscalía abrió una investigación contra Piñera por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación, pese a que el asunto ya fue visto en los tribunales en 2017, resultando el mandatario sobreseído.
El Ministerio Público entiende ahora que en aquel momento no se tuvo acceso al contrato original escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, sino a una copia traducida al castellano.