“En relación con la audiencia celebrada hoy en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, esta defensa manifiesta que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme colaboración con la Fiscalía General de la República”, afirmaron en un comunicado sus abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros.
Un juez dictó este miércoles prisión preventiva para Lozoya, quien hasta ahora afrontaba su proceso en libertad, después de que lo solicitara la Fiscalía alegando un riesgo de fuga del acusado.
Lozoya, director de la petrolera estatal durante el Gobierno de Enrique Peña Neto (2012-2018), fue capturado el año pasado en España y extraditado a México, donde cerró un acuerdo con la Fiscalía por el cual inculpó a otros políticos a cambio de no pisar la cárcel, un un pacto que el Ministerio Público ya dio por finalizado.
Sin embargo, la defensa aseguró en su comunicado que sigue vigente el criterio de oportunidad, una figura similar a la de testigo protegido, el cual "se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y a la Presidencia de la República".
Las autoridades lo acusan de haber recibido cerca de 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.
Para librar la cárcel, el exfuncionario había acusado a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray de haber usado esos sobornos para la campaña electoral de 2012 y para comprar a legisladores de la oposición para que aprobaran la reforma energética de 2013.
El cambio de parecer de la Fiscalía llega después de que el mes pasado el exfuncionario fuera captado comiendo en un lujoso restaurante de la capital, lo que provocó enorme indignación en el país e incluso fue condenado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El líder del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, celebró en redes que el encarcelamiento de Lozoya “rompe con el circulo vicioso de la impunidad en México en donde había protección política para los corruptos”.