En el escrito al que tuvo acceso Efe, la querella que representa "a un gran número de familiares y a 5 de las 7 mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal" afirma que "cuando un juez cita a un ciudadano, se debe cumplir y si no cumple debe ser detenido, eso es lo que piden, que la ley sea pareja para todos incluso para el expresidente Macri".
El pasado 1 de octubre, el juez Martín Bava, a cargo del Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Dolores, resolvió citar a Macri para que preste declaración indagatoria -primero el 7 de octubre y luego el día 20- y le prohibió salir del país, aunque en ese momento el expresidente estaba fuera de Argentina.
Macri adelantó en su cuenta de Twitter este martes que no se presentaría ante la Justicia "hasta que los planteos" que haga su abogado sean resueltos para garantizarle "el debido proceso y la defensa en juicio".
Según Macri, el juez Bava es "manifiestamente incompetente" y "funcional a los intereses oficialistas", vulneró sus garantías y lo involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tiene "nada que ver", en tanto se trata "de una imputación arbitraria" donde se busca perseguirlo.
PEDIDO DE DETENCIÓN
La abogada Valeria Carreras indicó que como parte querellante ha sido "testigo de la incertidumbre" respecto de si Macri se presentaría a la indagatoria y como abogada ha padecido "la falta de respeto" al enterarse por redes sociales de la incomparecencia del expresidente ante el juez.
Para la querella, Macri "fue notificado, fue beneficiado con la primera prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones".
La querella también resaltó "el destrato y maltrato" que recibió el juez Bava y entiende que "toda cuestión de competencia fue dirimida y resuelta" y que la recusación del magistrado adelantada por Macri "tampoco puede ser tomada como una justificación de incomparecencia a la indagatoria".
Concluyó que "deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención" en forma inmediata, de lo contrario "quedará impune por siempre".
PRESUNTO ESPIONAJE
Según el auto de citación a declarar, a Macri se le imputa haber presuntamente ordenado y posibilitado, desde su cargo de presidente, la realización "sistemática" de tareas ilegales de inteligencia entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
El presunto espionaje apuntaba, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos" que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, pero también apuntaban a "conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno".
HUNDIMIENTO DEL SUBMARINO
En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, denunció que el anterior Gobierno hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino.
La denuncia alcanza, además de a Macri, a quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, ambos ya procesados en esta causa.
El ARA San Juan, que pertenecía a la Armada y desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado un año y dos días después de perderse su rastro mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, aunque sus restos, desmembrados en varias partes, y los cadáveres de sus tripulantes, nunca fueron reflotados.
Casi tres años después del hallazgo del submarino prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.
En 2019, una comisión investigadora del Parlamento determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada, y en marzo pasado un Consejo de Guerra de la Armada sancionó a varios oficiales.