"Una vez más una audiencia en el proceso contra Ola Bini se suspende. Esta vez porque el gerente de CNT_EC (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) viajará a Cuenca" el jueves y el tribunal aceptó su solicitud para no presentarse, aseguró a Efe Carlos Soria, abogado del informático sueco.
Para la defensa, "esa no es una razón jurídica" para diferir una audiencia judicial a la que incluso tenía previsto acudir una representante de la Embajada de Suecia con asiento en Bogotá, añadió Soria.
Además, el tribunal que sigue la causa "no nos pone una fecha" para la reanudación de la audiencia, en un proceso judicial que demora ya más de dos años, con constantes suspensiones que han supuesto un "suplicio" para Bini, agregó el letrado.
La defensa del sueco pedirá "de forma inmediata al tribunal que nos asigne fecha y hora" para la audiencia, insistió Soria tras lamentarse de que se haya diferido la de hoy, para cuya organización y confirmación las autoridades judiciales tenían más de un mes.
Incluso, no era imprescindible que el gerente de CNT acuda a la audiencia, pues, como ya ha sucedido, podía haber designado a un procurador para que lo represente, añadió el abogado.
En septiembre pasado se fijó al 20 y 21 de octubre como fechas para la audiencia de juzgamiento contra Bini, acusado del delito de acceso no consentido a un sistema informático del Estado ecuatoriano, que él niega.
En ese mes, Soria había advertido de que demostraría las más de cien violaciones al debido proceso en este caso, que han sido incluso denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Bini, de 39 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Lenín Moreno (2007-2021) pusiera fin al asilo en su embajada en Londres de Julian Assange.
Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Este caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia del coronavirus.