En la breve vista judicial, la primera que tiene desde su extradición desde Cabo Verde (África) el sábado pasado, el juez John O’Sullivan, del Distrito Sur de Florida, hizo una primera lectura de los cargos a Saab, que los escuchó desde una celda en Miami.
Saab, de 49 años, estaba encerrado solo en la celda, sin esposas, con vestimenta de reo naranja, el pelo largo suelto y representado por el abogado Henry Bell.
La audiencia de detención en la que se leerán formalmente lo cargos, como también se abordará la petición de libertad bajo fianza, fue programada por el juez para el próximo 1 de noviembre después de que Bell pidiera más tiempo por tratarse de una "caso complicado".
El fiscal Kurt Lunkenheimer entre tanto anticipó que Saab presenta "riesgo de fuga" y señaló al juez que acaba de ser extraditado el fin de semana después de "batallar la extradición durante más de 400 días en la República de Cabo Verde".
Por otra parte, el juez aclaró a la prensa que es "ilegal" la grabación y publicación de videos o audios de la audiencia, que fue por Zoom.
Durante la audiencia, O'Sullivan preguntó a Saab si estaba de acuerdo con la vista por internet, a lo que el detenido respondió afirmativamente.
Igualmente le preguntó si Bell iba a representarlo para el tema de libertad bajo fianza, a lo que también contesto afirmativamente.
Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en EE.UU. (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según dijo hoy el Departamento de Justicia.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.