Las cinco mujeres, nacidas en el Congo entre 1946 y 1950 e hijas de un colono belga y una madre congoleña, fueron arrancadas de sus familias y colocadas posteriormente en orfanatos, una práctica habitual con los niños de raza mixta en la época en la que el país de África central era una colonia belga.
Un informe de Naciones Unidas determinó que Bélgica separó por la fuerza de sus familias a miles de niños mestizos, conocidos como "metis", entre 1959 y 1962, en el final de su gobierno colonial.
Toda relación con sus familiares era cortada y los niños eran trasladados a congregaciones religiosas encargadas de educarlos a cambio de subvenciones.
A parte del gran calado que puede tener la decisión judicial, que podría tildar las acciones del Estado belga en la antigua colonia del Congo como crímenes contra la humanidad por primera vez, los abogados de las demandantes también piden que se les indemnice con 50.000 euros a cada una de ellas, además de pagar las costas.
Fue en 2019 cuando el entonces primer ministro del país, Charles Michel, reconoció públicamente la segregación selectiva de las personas mestizas en las colonias del Congo, Burundi y Ruanda, y pidió perdón en nombre de Bélgica.
Pero esta vez una disculpa pública no fue suficiente para reparar el daño infringido a estas cinco mujeres y a toda una generación. "Una disculpa para la Historia sí, pero reparación para las víctimas, no", espetó durante la celebración del juicio una de las asesoras jurídicas, Michèle Hirsch, en unas declaraciones recogidas por la agencia Belga.
Porque, prosiguió la letrada, las cinco mujeres fueron “secuestradas, maltratadas, ignoradas y expulsadas del mundo”. “Son la prueba viviente de un crimen de Estado no confesado, y pronto no quedará nadie para testificar. Si están luchando para que se reconozca este delito, es por sus hijos, sus nietos…, porque el trauma se transmite de generación en generación. Le pedimos que nombre el delito y condene al Estado belga”, aseveró.
Durante el juicio, la acusación repasó la historia personal de cada una de las denunciantes y el momento en que fueron llevadas por la fuerza para ser internadas en la misión religiosa a la aldea congoleña de Katende, a varios cientos de kilómetros de su pueblo.
Asimismo, las demandantes exigen que se publique los documentos administrativos producidos en aquella época que puedan esclarecer más información sobre su pasado o que estén relacionados con el caso.
"Nuestras clientas necesitan recuperar su vida, su historia, para transmitirla. Están en busca de su identidad, de sus orígenes", declaró ante el juez Sophie Colmant, otra de las abogadas.
En los últimos años, el pasado colonial de Bélgica ha aflorado en el debate público del país, que entre 1908 y 1960 gestionó la actual República Democrática del Congo después de haber sido propiedad del rey belga Leopoldo II durante más de dos décadas.
Este otoño se espera que un grupo de expertos publique un extenso informe sobre la colonización. Mientras, el Gobierno de Bélgica presentó este verano un proyecto para estudiar la procedencia de los bienes de sus antiguas colonias, en el que se establece un marco para la devolución de aquellos objetos expropiados, la mayoría de los cuales pertenecerían a la República Democrática del Congo.