El presidente chileno denunció que esta acusación “no tiene fundamento alguno”.
Ahora, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso.
De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
Si la Cámara Baja da luz verde, la causa pasará al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente.
Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso.
El caso
El tema gira en torno a la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , la Minera Dominga fue vendida por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
Piñera abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, como lo exige la legislación chilena, por lo que no participó en la venta de Dominga.
El presidente ha remarcado que puso sus activos bajo fideicomisos ciegos en 2009, por lo que sostiene que no tuvo conocimiento de la venta de Minera Dominga.
Además, sostuvo que este tema es una “cosa juzgada” , pues estos hechos “fueron investigados en profundidad” por la Fiscalía y sobreseídos por los tribunales en 2017.
El gobierno acusó a la oposición de presentar “una acusación sin fundamento jurídico” en busca de réditos políticos. “Es lo más sucio de la campaña electoral” , afirmó el ministro portavoz, Jaime Bellolio, insistiendo en la inocencia de Piñera.