“Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, indicó el mandatario conservador en una declaración pública en La Moneda (sede de Gobierno).

El decreto abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otras dos semanas, que para una tercera extensión deberá contar con la autorización del Congreso.

Estas y otras zonas del sur han experimentado en el último tiempo una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

Según cifras oficiales, los acontecimientos policiales se incrementaron un 94 % en los primeros 6 meses de 2021.

Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.

La madrugada de este mismo martes dos templos, uno católico y otro evangélico, fueron incendiados en la localidad de Tirúa, 700 kilómetros al sur de la capital.

La medida anunciada este martes "contempla la designación de Jefes de la Defensa Nacional" por parte del Ejecutivo, aunque "las Fuerzas Armadas deberán colaborar y no reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad y no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones de naturaleza policial", aclaró Piñera.

Entre las nuevas competencias que tendrán las Fuerzas Armadas se encuentran el apoyo logístico, tecnológico, de comunicaciones, de vigilancia y patrullaje "a los procedimientos policiales que se desarrollen en las zonas declaradas en Estado de Emergencia", señaló el gobernante.

"Los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos", añadió.

La medida, solicitada por los sectores más conservadores y decretada tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba sumar a los militares al trabajo en la zona, fue criticada por la oposición y los movimientos indígenas, que acusan al Gobierno de querer enturbiar aún más el conflicto.