En un comunicado, la Oacnudh expresó "su preocupación" por las reformas aprobadas en la víspera por el Congreso Nacional sobre el aumento de la pena en el delito de usurpación.
"Las modificaciones relacionadas al tipo penal de usurpación, agravando su pena, extendiéndolo a espacios públicos y facilitando los desalojos, abre la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no sólo a organizaciones campesinas, sino también a personas en ejercicio de sus derechos a la reunión, la expresión y la manifestación pacífica", subraya la Oacnudh.
El Congreso Nacional aprobó reformas que aumentan la pena por usurpación de cuatro a seis años de prisión, según la información oficial.
A la Oacnudh también le preocupan las reformas aprobadas por el poder Legislativo que "limitan" el acceso del Ministerio Público a información financiera en caso de corrupción y el relajamiento de las sanciones para quienes no presentaron informes de financiación de campañas para las elecciones internas de marzo pasado.
Además, la inclusión de organizaciones de sociedad civil en la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo cual afecta "su capacidad para realizar auditoría social", añadió.
La Oficina del Alto Comisionado reiteró su llamado a que "asuntos de tanta gravedad sean discutidos en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público" e instó a las autoridades de Honduras a "reconsiderar estas normas".
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, indicó que Honduras es un "Estado de barbarie" y afirmó que con las reformas "se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción".
"Cada día estoy convencido de que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie… con las reformas aprobadas se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad", indicó Santos en un mensaje en Twitter.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indicó en un pronunciamiento que las reformas son la "estocada final a la lucha contra la corrupción" en Honduras.
El Parlamento hondureño reformó de "manera opaca y en el sigilo" la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como "Personas Expuestas Políticamente".
Esta decisión "autoritaria, detenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana", señaló la ASJ, capítulo local de Transparencia Internacional, que anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad una vez entren en vigencia las reformas.