El abogado Luis Mariano Rendón explicó en Twitter que interpuso la demanda en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago porque los hechos revelados sobre la compraventa de Minera Dominga ameritan “una investigación a fondo” y la Fiscalía “no ofrece las garantías necesarias” para ello.
La admisión a trámite no implica la apertura de una investigación, pues la Fiscalía es la única institución con facultades constitucionales para hacerlo.
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El fiscal nacional, Jorge Abbot, instruyó esta semana a la Unidad Anticorrupción analizar los antecedentes que existen sobre la millonaria compraventa de la Minera Dominga por si existieran indicios de delito y está previsto un pronunciamiento este mismo viernes sobre ello.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo que el megaproyecto Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación realizada en parte en Islas Vírgenes Británicas.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenes unos meses antes.
Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, defiende que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente “hace más de 12 años” y que la información publicada ya fue investigada en 2017 por la Justicia y la Fiscalía recomendó su sobreseimiento.
De acuerdo al mandatario, la venta de la minera, que aún no está en construcción y que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”.
La oposición está preparando una acusación constitucional contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.