“Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada, en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera”, indicó en un comunicado la oficina del mandatario.

De acuerdo al gobernante, que posee una de las mayores fortunas del país y quien dejará el poder en marzo de 2022, "nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo pasado presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de un megaproyecto minero propiedad de la familia presidencial.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ.

La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

La directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que el objetivo central de la nueva pesquisa es determinar si el contrato de venta incluía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota y aseguró que "hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios".

"El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo", indicó la fiscal.

La Presidencia volvió a insistir en el comunicado en la inocencia de Piñera y reiteró que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente "hace más de 12 años".

"El presidente Piñera no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió (...) y no ha ejecutado acción ni hecho gestión alguna en su carácter de presidente, ni en su primer ni en su segundo Gobierno, en relación a Minera Dominga", agregó.

La oposición está preparando una acusación constitucional en el Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.