Este lunes, los nueve jueces del Tribunal Supremo volvieron a la corte tras 18 meses de ausencia por la pandemia y dieron por inaugurado el curso judicial.
No pudo asistir el magistrado conservador Brett Kavanaugh, que la semana pasada dio positivo por covid-19 pese a estar vacunado.
Kavanaugh es uno de los tres jueces conservadores que colocó en la máxima instancia judicial el republicano Donald Trump durante su Presidencia (2017-2021), algo que sirvió para inclinar la balanza a favor de los conservadores.
Actualmente, la corte está compuesta por seis magistrados conservadores y tres considerados progresistas.
Misisipi contra el derecho al aborto
El caso más relevante que tendrá que ver el Supremo en este periodo afecta a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene como protagonista a Misisipi. Ese estado, de tinte conservador, quiere revivir un proyecto de ley que aprobó su parlamento estatal en 2018 para prohibir los abortos después de las 15 semanas de gestación.
Cortes de menor instancia han impedido que esa norma entre en vigor porque consideran que va contra el precedente legal que estableció en 1973 el Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso "Roe contra Wade", en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
Ahora Misisipi está pidiendo al Tribunal Supremo que anule ese precedente legal, lo que permitiría a cada estado prohibir o permitir el aborto a su antojo.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo había defendido el precedente legal de "Roe contra Wade", pero recientemente permitió que entrara en vigor una ley de Texas que prácticamente acaba con el derecho al aborto al prohibir esa intervención a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres ni siquiera saben si están embarazadas.
Debido a ese cambio de actitud, organizaciones defensoras del aborto tienen la vista puesta en el 1 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista sobre el caso.
Portar armas en público en Nueva York
Antes, sin embargo, el 3 de noviembre, los jueces escucharán los argumentos de un grupo respaldado por la poderosa Asociación Nacional del Rifle que quiere anular una ley de Nueva York, en la que se establece que quienes llevan su arma en público deben obtener un permiso especial.
Nueva York es junto a California uno de los estados con leyes más estrictas para limitar quién puede llevar un arma en público, algo que está permitido casi sin restricciones en la mayoría de los estados.
Las torturas de la CIA
Otro de los casos que promete captar la atención del público es el del polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Este mismo miércoles, el Gobierno de Joe Biden intentará convencer al Tribunal Supremo de que no debe permitir que dos contratistas de la CIA testifiquen en Polonia sobre su papel en la tortura de Al-Abidin Husayn, conocido como Abu Zubaydah y que sigue preso en Guantánamo sin que se hayan formulado cargos en su contra.
La maratón de Boston
Asimismo, el 13 de octubre, el Gobierno de Biden pedirá al Tribunal Supremo que vuelva a imponer la pena de muerte a Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado de la maratón de Boston de 2013, en la que tres personas murieron y 260 resultaron heridas, de las cuales 17 sufrieron serias amputaciones.
Tsarnaev fue condenado a 20 cadenas perpetuas además de a la pena de muerte, pero un tribunal de apelaciones de Massachusetts eliminó el castigo de la pena capital, algo que recurrió el Gobierno de Trump y posteriormente el de Biden pese a que el actual presidente se opone a ese tipo de condenas.
Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo en 1976 la pena de muerte, han sido ejecutadas en Estados Unidos 1.535 personas.