Macri, de 62 años, se encuentra en Estados Unidos, pero a su regreso tendrá prohibido salir del país, por orden del juez Martín Bava, quien lo citó este viernes para interrogarlo el 7 de octubre.

Los 44 tripulantes murieron al hundirse el submarino en alta mar en noviembre de 2017.

La embarcación era un TR-1700 de fabricación alemana, con 66 metros de eslora, que sirvió desde 1985 hasta sufrir una aparente explosión interna por fallas técnicas después de perderse de los radares cuando patrullaba aguas argentinas.

El San Juan fue descubierto en noviembre de 2018 a unos 900 metros de profundidad, luego de un año de búsqueda con apoyo de marinas de otras naciones.

“El entonces presidente (mandato de 2015 a 2019) se encontraba en pleno conocimiento del seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto a los familiares de los tripulantes” , dijo el juez Bava en la resolución difundida a la prensa.

La pena de cárcel por violar la Ley de Inteligencia Nacional es de tres a 10 años, aunque en este caso se podrían considerar agravantes.

El magistrado ordenó este viernes el procesamiento de los jefes de los servicios secretos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que reportaban a Macri, imputados de “hacer inteligencia ilegal” sobre los parientes que trataban de conocer el destino del submarino cuando estuvo desaparecido durante un año.

El juez sostuvo que hubo “un interés político nacional, que podía afectar la gestión del gobierno” en las manifestaciones callejeras y en redes sociales de reclamo a Macri y a la marina de guerra de encontrar a los submarinistas.

Los familiares sufrieron seguimientos y escuchas telefónicas, además de ser fotografiados y filmados, e incluso intimidados para que abandonaran sus reclamos, según denunciaron con pruebas ante el juzgado.