La Cancillería boliviana se pronunció de esta forma en un comunicado difundido después de que la Unión Europea rechazara "con firmeza" la acusación que el presidente Luis Arce hizo en la Asamblea General de la ONU, asegurando que en 2019 hubo en el país un "golpe de Estado" alentado por instancias internacionales, entre ellas la UE.
El Ministerio de Exteriores de Bolivia recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Estudios Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que durante la crisis de 2019 en el país hubo "graves violaciones a los derechos humanos".
"Estos hechos se encuentran en proceso de investigación por las autoridades competentes, lo que permitirá identificar el grado de responsabilidad de los actores nacionales e internacionales que hubiesen participado", indica la nota.
El Gobierno de Arce "comparte la visión de la Unión Europea respecto a construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, complementariedad, solidaridad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados", agrega.
En su comunicado, la Cancillería también insistió en que en noviembre de 2019 "se rompió el orden constitucional" en Bolivia.
El GIEI ha aclarado que su informe sobre los sucesos ocurridos en Bolivia en el último trimestre de 2019 no entró a la cuestión de si hubo fraude en los fallidos comicios de ese año o un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Bolivia se mantiene enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que su renuncia y la crisis fueron consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
En su intervención ante la ONU, Luis Arce señaló nuevamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su secretario general, Luis Almagro, por promover "golpes de Estado" y "desestabilizaciones", al Gobierno del expresidente de Argentina Mauricio Macri por el envío de "armas y municiones a golpistas" y al entonces representante de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) respondió que "la UE ayudó a facilitar reuniones en la que participaron actores clave de todos los partidos políticos, incluyendo representantes de Movimiento al Socialismo, bajo el liderazgo de la Iglesia Católica y la petición expresa del Gobierno del presidente Evo Morales".
También indicó que el objetivo de esas reuniones fue "ayudar a pacificar la situación" en Bolivia, en un momento de "tensión extrema, creando una plataforma de diálogo para evitar más violencia".