El Banco Popular, junto con otras nueve instituciones gubernamentales chinas como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, enumera las “actividades ilegales y delictivas” generadas por “las transacciones de monedas virtuales”, que incluyen: “lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras”.
Estas actividades "ponen en grave peligro" la propiedad de los ciudadanos, según el comunicado.
El Banco Popular menciona específicamente a bitcóin y ethereum y otras "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias" para recordar que no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda".
El comunicado también pide a las autoridades locales que "fortalezcan la supervisión" para construir "un sistema de prevención y eliminación de riesgos de especulación".
En junio, varias regiones de China suspendieron las operaciones de "minado" de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.
La campaña de Pekín contra el bitcóin y otras criptomonedas no solo tiene como objetivo ahorrar energía -que escasea en el país este año- sino también reducir las emisiones derivadas de su producción, y también se enmarca en los planes de reducción de riesgos financieros del Gobierno.