El Ministerio Público pidió tras los alegatos finales cinco años por perturbación de la paz para Stiven Patrón y seis para Roberto Rojas, ambos del opositor Partido Liberal, y los mismos que a este último para Nelly Cortesi, también por ese hecho punible.
"Los ahora acusados habrían protagonizado destrozos, inclusive propiciando un incendio en las instalaciones de la sede legislativa", dice el comunicado del Ministerio Público.
Añadió que todos "fueron identificados plenamente a través de fotografías y videos de los sistemas de seguridad instalados en la zona donde ocurrieron los hechos".
El juicio queda ahora pendiente de los alegatos de la defensa.
Los hechos se produjeron el 31 de marzo de ese año, cuando un grupo de personas se manifestó frente al Congreso en contra de un proyecto de enmienda electoral impulsado por parte del gobernante Partido Colorado para permitir un segundo mandato presidencial, prohibido por la carta magna.
De haber sido aprobado por las Cámaras, el proyecto habría posibilitado que el entonces presidente, Horacio Cartes, se postulara a las presidenciales de 2018.
En medio de las cargas policiales, un grupo de personas entró en una oficina de la parte baja del edificio, en el centro histórico de Asunción, causando destrozos y ocasionando un incendio.
Posteriormente la policía irrumpió en la sede del Partido Liberal, el mayor de la oposición, sin orden judicial, desembocando en la muerte de un joven militante por el disparo de un agente.
Patrón dijo hoy a Efe que se trata de una persecución política y que ello está implícito en la solicitud de la Fiscalía, donde se le describe como un importante dirigente político del Partido Liberal capaz de provocar desestabilización.
"Ellos admiten que me están persiguiendo por pertenecer al partido político más importante de la oposición", dijo el militante.
Afirmó que a su juicio la acusación es un pedido de Cartes a la Fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, ha acusado repetidamente a Cartes, uno de los principales articuladores del oficialismo, de controlar la Fiscalía a través de Quiñónez, nombrada durante su Gobierno, y otras instituciones.
Cartes instó a sus partidarios a abandonar el proyecto de reelección presidencial tras el asesinato de Quintana, que con la quema del Congreso provocó la mayor crisis de su mandato.