Este tipo de denuncia fiscal implica solicitar al Parlamento el levantamiento de la inmunidad legal que ampara a los expresidentes peruanos por cinco años después de terminados sus mandatos para poder iniciar un proceso judicial contra el acusado.
El argumento de la Fiscalía para este pedido se sostiene en que el indulto que Kuczynsky otorgó a Fujimori habría sido dado para evitar su destitución como jefe de Estado por incapacidad moral por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, consideró que existen argumentos suficientes para denunciar constitucionalmente al expresidente por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.
Por los mismos delitos también se acusa al exlegislador Kenji Fujimori, hijo del exmandatario beneficiado con el indulto, mientras que a los exministros de Justicia y Salud, Enrique Mendoza y Fernando D’Alessio, se les imputa por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
Todos estos personajes serán procesados directamente por la justicia ordinaria, sin tener que pasar por el filtro del Congreso, pues no se encuentran aforados según la Constitución.
En concreto, la acusación sustenta que Kuczynski habría nombrado a Mendoza y D'Alessio en dos ministerios clave para viabilizar el indulto a Fujimori (1990-2000), quien cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Al menor de los hijos del exmandatario, en cambio, se le imputa por "haber prometido beneficio o ventaja" a Kuczynski a fin de que este firmara la resolución que otorgaría el indulto a su padre.
Esta "promesa", según la tesis fiscal, habría sido hecha "con el objetivo de que el más alto funcionario del país omita actos en violación de sus obligaciones".
POLÉMICO INDULTO
El polémico indulto a Fujimori fue otorgado el 24 de diciembre de 2017 bajo serios cuestionamientos que apuntaban que se trataba más bien de un acuerdo político entre Fujimori y Kuczynski.
Entre las presuntas irregularidades estaba la sospecha de que el indulto fue parte de una negociación política del entonces presidente para evitar que el Congreso lo destituyera a cambio de los votos en abstención de un pequeño grupo de fujimoristas disidentes con Keiko Fujimori, liderado por Kenji.
Por estas irregularidades, la Justicia peruana anuló en octubre de 2018 la gracia presidencial a Fujimori, a quien aún le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tenga 94 años.
Actualmente, Kuczynski cumple con una orden de arresto domiciliario por otra investigación que se le sigue por la presunta implicación en lavado de dinero de origen ilegal también de Odebrecht a través de consultorías a nombre de Westfield Capital, una empresa suya registrada en Estados Unidos, cuando era ministro del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
Precisamente, Kuczynski dimitió en marzo de 2018, poco después de haber firmado el indulto, cuando se supo de este caso de supuesta corrupción, un paso que dio para evitar que el Congreso lo destituyera de forma fulminante.
IMPEDIMENTO PARA SALIR DE PERÚ
Paralelamente, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez solicitó el último jueves una orden de impedimento de salida del país para Kuczynski por la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción vinculados al proyecto de la carretera Interoceánica Sur, que fue adjudicada a la constructora Odebrecht.
Mediante un oficio remitido al juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Pérez también solicitó que se dicte comparecencia con restricciones contra el exjefe de Estado.