Las menores fallecieron el 2 de septiembre del pasado año en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en un campamento de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en una zona boscosa del norteño departamento de Concepción.
Las víctimas, presuntamente hijas de miembros de la guerrilla, contaban con nacionalidad argentina, según comunicó entonces el Gobierno de Argentina al de Paraguay.
La Cancillería argentina expresó en un comunicado, al cumplirse "un año del asesinato de las niñas de nacionalidad argentina", que ha reiterado al Gobierno paraguayo su preocupación por el caso, y que "se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas".
Horas después, la Cancillería paraguaya divulgó un comunicado para responder que el Gobierno "ha realizado propuestas concretas y expresado su disposición para compartir información relacionada a los diversos procesos de investigación actualmente en curso, los cuales se encuentran dentro de los plazos procesales que dictan las normas internas".
La nota subraya que las autoridades paraguayas han propuesto presentar las evidencias sobre los procedimientos del operativo contra el EPP y sobre otras investigaciones "relacionadas con la utilización de niños y adolescentes en su organización criminal".
Y que también ha solicitado al de Argentina "por los canales pertinentes, la cooperación necesaria para obtener muestras de ADN a fin de determinar la filiación real de las niñas" y con ello "profundizar la investigación sobre la inscripción de estas y de otros niños, presumiblemente paraguayos, como de nacionalidad argentina".
"Hasta la fecha, estas iniciativas y solicitudes presentadas continúan sin respuesta por parte de las autoridades argentinas", dice el comunicado.
"La República del Paraguay lamenta una vez más las circunstancias en que ambas niñas perdieron la vida y condena nuevamente de la manera más enérgica la práctica nefasta del grupo criminal EPP de incorporar y adiestrar en su organización a niños y adolescentes, mujeres y varones, para participar en actividades ilícitas", finaliza el comunicado.
La nota de Paraguay no hace referencia al punto del comunicado de Argentina que señalaba la solicitud de su Gobierno para que el paraguayo "facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia".
Esa petición, que fue también planteada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, fue rechazada por las autoridades paraguayas.
Y este julio, el Gobierno de Paraguay expulsó a ocho ciudadanos argentinos pertenecientes a una organización pro derechos humanos que buscaba informaciones sobre otra niña que también tendría nacionalidad argentina y que se encuentra desaparecida desde el operativo militar del pasado año.
La misión también buscaba recabar datos sobres la muerte de las dos menores fallecidas, que, como la anterior, serían hijas de líderes históricos del EPP, guerrilla fundada en 2008 desde postulados marxistas y de defensa del campesinado pobre.
El operativo, en el que se incautaron armas, munición, dinero en efectivo y documentación, fue calificado como un éxito por el Gobierno que preside Mario Abdo Benítez, quien se trasladó al lugar de los hechos.
Dos días después de esas muertes, el EPP secuestró al exvicepresidente Óscar Denis, de 75 años, en las inmediaciones de su estancia ganadera, en la zona de influencia de la guerrilla, cuyo paradero se desconoce desde entonces.