Un juez anticorrupción de La Paz determinó la medida de detención preventiva por otros seis meses dentro de las investigaciones contra la exmandataria transitoria (2019-2020) en el llamado caso "golpe de Estado" durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez, denunció que la extensión de la medida responde a la decisión de un juez de instrucción en lo penal que "dispuso separar los procesos (del caso golpe de Estado) y remitir" estos antecedentes ante un juez anticorrupción.
Guillén señaló que esta nueva medida se tomó pese a que la defensa impuso un recurso de apelación, el cual aún no ha sido respondido.
En ese sentido, el abogado advirtió que la competencia del juez anticorrupción en este caso seguramente será "objeto de revisión" y de un "amparo constitucional".
A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta transitoria denunció que "dividen un proceso para prolongar la detención".
"Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin Justicia en #Bolivia no hay democracia. #LiberenaJeanine #Justicia", afirmó en esa red social que es manejada por sus familiares.
La defensa de Áñez ha interpuesto, sin éxito, varios recursos de acción de libertad para poder defenderse en libertad.
A mediados de julio, Jeanine Áñez solicitó una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para exponerle su situación de reclusión y hacerle conocer su situación de salud.
En la misiva a Bachelet, Áñez denunció que durante su detención ha estado "incomunicada" de sus familiares, ha sufrido de depresión lo que "activó una hipertensión arterial prevalente", que enfermó de los riñones y que sus reiteradas peticiones de recibir atención médica especializada fuera del penal han sido "fue sistemáticamente negadas".
Áñez fue aprehendida el 13 de marzo en su residencia en el departamento amazónico del Beni y es procesada por sedición y terrorismo, además también hay otras causas abiertas en su contra por las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019 por las que se le acusa de genocidio.
Además, en el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
Por el caso "golpe de Estado", que surgió a partir de la denuncia de una exparlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), también están en detención preventiva dos de los exministros de Áñez y varios exjefes policiales y militares.