Por primera vez en diez años, Inzko hizo uso esta semana de sus prerrogativas especiales para ordenar una enmienda del Código Penal que prohíbe negar el genocidio y los crímenes de guerra cometidos en el país y glorificar a criminales de guerra.
La ley determina penas de entre seis meses y cinco años de prisión para quienes nieguen o justifiquen el genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad.
NEGACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA
En los últimos años, la negación de ciertos crímenes, sobre todo el de Srebrenica, se fue intensificando en Bosnia, destacó este jueves la analista y periodista Tanja Topic.
"La negación ha llegado a ser algo normal y aceptable en el discurso cotidiano y político", aseguró Topic a Efe por teléfono desde Banja Luka, capital del ente serbio de Bosnia.
En esa parte del país es común "glorificar a criminales de guerra, no aceptar el crimen de la parte propia y admitir sólo las víctimas propias", explica la analista.
Según Topic, Inzko reaccionó finalmente a un "círculo vicioso peligroso" en el que no existe enfoque crítico ni constructivo del pasado común de los tres pueblos que conforman el país.
UNA DECISIÓN DIRIGIDA A LOS SERBIOS
La orden de Inzko, quien abandona su cargo esta semana para entregarlo al alemán Christian Schmidt, fue bienvenida por los bosnios musulmanes.
Consideran que sienta la base legal para castigar a los que niegan que la matanza de 8.000 varones musulmanes en Srebrenica en 1995 a manos de tropas serbobosnias fuera un genocidio.
Muchos serbios de Bosnia admiten que fue un crimen horroroso pero no un "genocidio", tal y como lo determinó la Justicia Internacional.
Los líderes serbobosnios, con Milorad Dodik a la cabeza, rechazan la decisión de Inzko y respondieron con un boicot de la Presidencia, el Parlamento y el Consejo de Ministros, instituciones centrales del país balcánico.
Para Dodik, representante serbio en la presidencia tripartita del país, la decisión del alto representante no tiene fundamento "porque en Serbrenica no hubo genocidio".
Para impedir tener que aplicar la ley de Inzko, el Parlamento de la República Serbia de Bosnia prepara ahora una enmienda del código penal serbobosnio.
UN PAÍS CON DOS ENTES AUTÓNOMOS
Los serbios rechazan cualquier "imposición de soluciones" en el país, formado por dos entes autónomos -el serbio y el común de musulmanes y croatas- y tres pueblos constitutivos, según el acuerdo de paz, firmado en 1995 en Dayton (EE.UU.).
Ese tratado, que incluye la Constitución del país, puso fin a tres años y medio de guerra que se cobró casi 100.000 vidas y cientos de miles de desplazadas y heridos.
Sin embargo, no logró mitigar las profundas divisiones políticas entre los tres pueblos, cada uno con su "propia verdad" sobre lo que sucedió en la guerra.
BLOQUEO PERMANENTE
Para Aleksandar Popov, director del Centro para el Regionalismo, de Novi Sad (Serbia), parte del problema se debe a que Occidente ha dejado de ocuparse de la región en los últimos años.
Eso ha facilitado, opina el experto en declaraciones a Efe, "tendencias revisionistas del pasado y la glorificación de criminales de guerra".
Según Popov, el uso de los poderes especiales por parte de Inzko puede abrir el paso al nuevo representante internacional para que consolide el funcionamiento del Estado, que vive en "bloqueo permanente" desde el fin de la guerra.
Un cuarto de siglo tras el fin de la guerra "se ha ido muy lejos hacia la disolución en vez de ir hacia la consolidación (del país)", asegura el analista serbio.
MISIÓN CASI IMPOSIBLE
Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea intentan revertir esa tendencia, Rusia y China debilitan la posición del alto representante en Bosnia al exigir que se le prive de sus poderes especiales, que consideran "innecesarios".
"Será clave modificar la Constitución, que es un obstáculo principal para que Bosnia-Herzegovina sea un Estado funcional y de todos sus ciudadanos", asegura Popov.
Sin embargo, con los actuales líderes políticos, sea el propio Dodik, el bosnio musulmán Bakir Izetbegovic o el croata Dragan Covic, se trata de una "misión casi imposible", asegura el analista.
Demasiado bien les ha ido a los políticos bosnios en los últimos 25 años con su nacionalismo que sigue distrayendo a la población de sus verdaderos problemas, como la pobreza o la ausencia de un Estado de Derecho que funcione.