En lo que es su primera demanda interestatal ante el TEDH, Rusia busca "llamar la atención de toda la comunidad mundial sobre las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por las autoridades ucranianas", poner fin "a estos crímenes", investigarlos y "enjuiciar sin demora a los perpetradores".
En un comunicado, la Oficina del Fiscal General de Rusia denuncia la "responsabilidad de las autoridades ucranianas por muertes civiles, el encarcelamiento ilegal y el maltrato de personas", en el marco de la revolución del Maidán, el ataque contra un edificio tomado por prorrusos en Odessa y en el Donbás en 2014 en la denominada "operación antiterrorista".
Rusia alega además que Ucrania ha causado "muertes, heridos y la destrucción de propiedades como resultado de fuego de artillería de las Fuerzas Armadas contra el territorio adyacente de la Federación Rusa", en referencia al Donbás, donde se enfrentan desde 2014 el Ejército ucraniano y los separatistas apoyados por Moscú.
Considera asimismo a Ucrania responsable por el "accidente" del vuelo MH17 de Malasia Airlines el 17 de julio de 2014 en el este del país, porque las autoridades ucranianas "no cerraron el espacio aéreo sobre el área de hostilidades, causando la muerte de 298 personas", la mayoría de nacionalidad neerlandesa.
Una investigación internacional conjunta, con representantes de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania, concluyó que el avión fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa, que pertenecía a la 53a Brigada de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia en Kursk, cerca de la frontera con Ucrania.
Aunque el Gobierno neerlandés señaló por lo ocurrido a Moscú, que ofrece respaldo a los rebeldes separatistas en Ucrania, Rusia siempre ha negado cualquier participación en el derribo del MH17, no reconoce el proceso judicial ni tampoco planea entregar a los acusados para que declaren ante la Justicia neerlandesa
En su demanda, Rusia asimismo acusa a Kiev de "privar" a residentes de "ciertos territorios en el sureste de Ucrania" de la posibilidad de participar en elecciones de autoridades nacionales y de "bloquear el canal de Crimea del Norte como principal fuente de agua fresca para la península de Crimea", anexionada ilegalmente por la Federación Rusa en 2014.
También acusa a Kiev de suprimir la libertad de expresión, de perseguir a disidentes, a periodistas, políticos y ciudadanos ordinarios, además de prohibir medios de comunicación y plataformas digitales.
El Gobierno ucraniano ha cerrado recientemente varios canales de televisión prorrusos por motivos de seguridad nacional.
Rusia asimismo considera discriminatoria la política ucraniana hacia residentes de habla rusa, al "impedir el uso del idioma ruso en la vida pública, antes que nada en la educación secundaria y superior y en los servicios al consumidor".
En esta misma línea considera que Ucrania "discrimina las empresas y los empresarios rusos".
Sostiene igualmente que Ucrania "ataca misiones diplomáticas, consulares y otras misiones de Rusia" en el país y se niega a proporcionar la asistencia jurídica necesaria a Moscú a la hora de investigar delitos.