En un comunicado, la Oacnudh hizo un "llamado a las autoridades a redoblar esfuerzos para la búsqueda con vida de los cinco desaparecidos y el esclarecimiento de los hechos, a través de investigaciones eficaces que resulten en la sanción de todas las personas responsables".
Los miembros de la comunidad de Triunfo de la Cruz, en el Caribe hondureño, al parecer fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio de 2020 por hombres armados que vestían chalecos con el logo de la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Los desparecidos son Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Trochez, Albert Snaider Centeno, presidente del Patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), y Júnior Chávez.
El 7 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió con urgencia una orden al Estado de Honduras de proteger a las comunidades garífunas y buscar a los jóvenes desaparecidos, en un aparente secuestro.
A pesar de las medidas provisionales de la CorteIDH y de las "acciones urgentes" del Comité contra la Desaparición Forzada, "se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y la investigación no ha dado a conocer avances significativos que permitan conocer la verdad de los hechos", señaló la Oacnudh.
La representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, dijo que esa oficina de la ONU "continúa dando seguimiento al caso de la desaparición forzada de las cinco personas, entre ellos cuatro garífunas".
Resaltó, además, la "necesidad de incluir dentro de sus líneas de investigación la labor de defensoría de derechos humanos que las víctimas desempeñan en su comunidad”.
Albaladejo destacó su “preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los familiares de las víctimas, testigos y miembros de la comunidad" e instó a Honduras a adoptar de manera "urgente medidas de protección y de prevención necesarias para salvaguardar su seguridad”.
La Oacnudh expresó también "su solidaridad" con las familias de los desaparecidos forzados, a Ofraneh y al pueblo garífuna que "sigue siendo víctima de violaciones de derechos humanos".
Señaló, además, su disponibilidad para brindar asistencia técnica al Estado hondureño en "la búsqueda de soluciones estructurales y sostenibles para avanzar en la protección de los derechos humanos del pueblo garífuna y, de manera especial, de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra".
Organismos de derechos humanos y pobladores de comunidades garífunas en la costa caribeña de Honduras asocian la desaparición de los cinco jóvenes a los reclamos de tierra y otros derechos de la etnia negra del país centroamericano.