"El hecho de que el resultado haya sido tan apretado, no justifica ni sustenta que se cuestione la regularidad del proceso electoral", ni al tribunal electoral, afirmó García-Sayán este martes en una entrevista con Efe en Madrid, donde participa en un foro organizado por la World Law Foundation que empezó ayer y concluye hoy.
En el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio, el candidato izquierdista Pedro Castillo, ganó por poco más de 40.000 votos a la derechista Keiko Fujimori, que ha impugnado los resultados y un mes después de los comicios, aún no se ha proclamado al ganador.
Tras las elecciones ha habido multitud de recursos por parte del partido de Fujimori (Fuerza Popular), que pide la nulidad de miles de votos, mientras se han sucedido las manifestaciones en las calles, en muchos casos delante de las casas de los miembros del tribunal electoral, pidiendo que no se reconozca a Castillo como ganador.
García-Sayán, que fue ministro de Justicia y de Asuntos Exteriores en Perú, reconoce que la derrota de Fujimori supone su tercer fracaso electoral y, asimismo, la candidata está acusada por la Fiscalía de organización criminal, por lo que le pide 30 años de prisión.
Pero además de los fujimoristas, el relator de la ONU sobre independencia judicial, alerta de que "en paralelo, se ha gestado una especie de maremoto de extrema derecha, de sectores que estuvieron vinculados a la candidatura de Keiko Fujimori pero que ahora desarrollan una propia dinámica" y piden "no acatar esta decisión del tribunal electoral, llamando a los oficiales de las fuerzas armadas para unirse a estos civiles" frente a Castillo, al que acusan de comunista.
El ex ministro peruano reconoce que la prevista toma de posesión de Castillo el 28 de julio, bicentenario de la independencia de Perú, es de un "gran simbolismo", al convertirse en presidente "un hombre de los Andes, muy humilde, un campesino, maestro de escuela primaria".
Respecto al proceso judicial que espera a Fujimori tras perder las elecciones, García-Sayán, que también fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no duda de la independencia judicial en su país, y hace hincapié en que por primera vez en la historia hay una mujer como presidenta de la Corte Suprema y otra en la Fiscalía de la nación con una honorabilidad incuestionables.