"Tenemos equipos sobre el terreno, camiones llenos y preparados para atender las necesidades alimentarias catastróficas de la región. Lo que necesitamos ahora es acceso libre y sin restricciones y movimiento seguro garantizado por todas las partes", reclamó hoy desde Mekele el coordinador de emergencias del PMA en la región, Tommy Thompson, según un comunicado difundido hoy por la agencia.
Fuentes humanitarias que prefieren permanecer en el anonimato habían confirmado este jueves a Efe que, a pesar del cese de las hostilidades declarado por Adís Abeba, el bloqueo sobre la región se agrava, aumentando la presión sobre la población civil castigada ya por ocho meses de conflicto.
El Ejecutivo federal lanzó una ofensiva el pasado 4 de noviembre contra el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT), partido gobernante en la región hasta entonces, tras una escalada de tensiones políticas y en represalia por una agresión previa de fuerzas tigriñas a una base del Ejército federal.
El pasado lunes, Adís Abeba declaró un "alto el fuego unilateral humanitario" y la retirada de su Ejército de la capital regional, Mekele, después de que la administración interina de Tigray -designada por el Ejecutivo central- solicitara un cese de las hostilidades.
Aunque el Ejército etíope se retiró de varias ciudades que fueron tomadas por el FPLT -integrado en las Fuerzas de Defensa de Tigray (FDT)- las fuerzas de la vecina región de Amhara, aliadas del Gobierno central, que han anexionado de facto el oeste de la región norteña y expulsado a los tigriñas, siguen sin moverse.
EL GOBIERNO NIEGA EL BLOQUEO Y CULPA A LOS REBELDES
Este jueves, fueron destruidos dos puentes que cruzaban el río Tekeze hacia la zona occidental, "una de las principales rutas para llevar suministros a Tigray", según el portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la región, Saviano Abreu.
El Gobierno federal acusó esta mañana a las fuerzas del FPLT de la destrucción de esas dos vías.
En un comunicado, el ministro etíope de Relaciones Exteriores y viceprimer ministro, Demeke Mekonnen, sostuvo que el Gobierno de Etiopía "ha invertido mucho en reconstruir infraestructuras destruidas y restaurar servicios básicos en la región".
Según Demeke, el Ejecutivo se compromete a hacer llegar los suministros a la frontera de Tigray pero "a menos que los elementos terroristas de la región sean forzados a aceptar el alto el fuego, el Gobierno de Etiopía no se puede permitir perder más vidas y garantizar la protección de las vidas de los proveedores de servicios y los operadores humanitarios".
El PMA denuncia, sin embargo, que no se están autorizando vuelos de las Naciones Unidas o de ONGs desde el 22 de junio, de modo que "el personal humanitario no puede rotar dentro y fuera de Tigray a través del aire", mientras los aeropuertos de Mekele y Shire siguen cerrados.
Además, las telecomunicaciones y el acceso a internet permanecen cortados en toda la región, mientras los bancos siguen sin estar operativos, dificultando el acceso a dinero en efectivo, y hay escasez de gasolina.
Según el comunicado del Ejecutivo etíope, el Gobierno está dispuesto a negociar con "miembros inocentes" del FPLT pero expertos y humanitarios aseguran que el Gobierno no ha hecho ningún movimiento hacia una negociación política, mientras las fuerzas rebeldes tigriñas han rechazado el alto el fuego en declaraciones a diferentes medios.
Además, a principios de mayo, la Cámara Baja del Parlamento de Etiopía aprobó una resolución del Gobierno para designar como organización terrorista al FPLT, lo que supone otro obstáculo para un posible diálogo.
Desde el inicio del conflicto, miles de personas han muerto, cerca de dos millones se han visto desplazadas internamente en la región y al menos 75.000 han huido al vecino Sudán, según datos oficiales.
Este mismo viernes el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará su primera reunión pública sobre la crisis en Tigray.