La reducción del 70 % en el cupo de personas que pueden ingresar al país rige hasta el 9 de julio próximo, aunque no hay certeza de que se revierta ese día, y se suma a que las fronteras siguen cerradas al turismo extranjero y se mantienen suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil, la India, los países de África y Turquía.
La decisión se tomó para retrasar lo más posible el ingreso de la nueva variante Delta, que en Argentina aún no tiene circulación comunitaria, y debido a que solo un 32 % de las personas que ingresan al país cumple con la cuarentena obligatoria.
UNICA EN EL MUNDO
Para las aerolíneas, este cupo a los vuelos internacionales se trata de una medida sorpresiva y única en el mundo.
“La Argentina es el único país que tiene una limitación de pasajeros por día”, ha repetido Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a varias radios locales y ha calificado la medida como “un exceso” y “desconectada del mundo”.
Y advirtió que además afectará el transporte de carga, porque las vacunas y el equipamiento médico también viajan en esos aviones.
IATA solicitó una reunión con el jefe del Gabinete de Ministros, después de alertar en un comunicado que al “tomar estas decisiones unilaterales y de corto plazo, el Gobierno corre el riesgo de aislar aún más al país”.
La Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) agregó que el país ha dispuesto “el virtual cierre de fronteras”, lo que obligó a las compañías a reprogramar los vuelos previstos para junio y julio.
Jurca recordó que antes de la pandemia el país registraba 155 aterrizajes internacionales diarios y con esta medida se pasará a tener tres por día y que varias compañías tienen suspendidas sus operaciones a la espera de ver cuándo resulta viable reiniciarlas “o no regresar”.
DEFENSA DEL GOBIERNO
“El pasajero terminará siendo el gran afectado con la falta de previsibilidad”, señaló la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, porque “no hay claridad” sobre cómo se distribuirán las nuevas plazas autorizadas.
Por las estimaciones oficiales, unos 45.000 argentinos y residentes están en el exterior. No se sabe si todos ellos quieren volver, pero podría tomarles semanas o meses tras las nuevas medidas.
Para el Gobierno de Alberto Fernández, no se trató de una medida sorpresiva, porque todos los pasajeros firmaron una declaración jurada en la que aceptaron las consecuencias de viajar durante la pandemia y que señalaba que la salida del país implicará "la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las mismas y del eventual reingreso a la Argentina”.
TERCERA OLA
Argentina afronta desde abril una segunda ola de casos de covid-19, por lo cual el Gobierno de Alberto Fernández anunció en mayo un endurecimiento de las restricciones.
En las últimas semanas se ha verificado un descenso en el nivel de contagios diarios, sin embargo, el país -que acumula 4.423.636 de casos y 93.142 fallecidos desde el inicio de la pandemia- está alerta por la aparición de las nuevas variantes y no descarta una tercera ola.
En tanto, hasta este martes ha aplicado 20,2 millones de dosis desde el inicio de la campaña de vacunación, a fines de diciembre pasado, sobre una población de unas 45 millones de habitantes, pero solo 3,99 millones de personas fueron inoculadas con la segunda dosis.
MAS SANCIONES
La decisión del Gobierno contempla que los pasajeros deben realizarse un PCR antes de abordar el avión con destino a la Argentina, otro testeo al llegar al país y un tercero al séptimo día de ingreso.
Si el test al ingreso es negativo, deberán realizar el aislamiento donde indiquen las jurisdicciones durante diez días desde el testeo realizado en el país de origen y un nuevo test para finalizarlo; si es positivo, se realizará un testeo de secuenciación genómica y cumplirá aislamiento donde indiquen las autoridades nacionales.
Las jurisdicciones controlarán que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento y se radicarán denuncias penales ante incumplimientos, por las que se prevén sanciones de prisión de seis meses a dos años por violación a medidas contra pandemias y de 15 días a un año por desobediencia a la autoridad pública.
De hecho, la Dirección Nacional de Migraciones ya formalizó denuncias penales hacia 274 personas.