En una vista celebrada en su sede de Abuya, la capital de Nigeria, el tribunal desestimó la petición de Cabo Verde para anular su sentencia de liberación del empresario colombiano, dictada el pasado 15 de marzo.
La corte falló entonces contra la extradición de Saab a EEUU, se pronunció a favor de su libertad inmediata y ordenó a ese país insular de África Occidental el pago de unas costas que ascienden a unos 200.000 euros.
Según el Tribunal de la CEDEAO, bloque de países al que pertenece Cabo Verde, la detención del empresario resultó ilegal, arbitraria y conllevó la violación de sus derechos humanos.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU a través de INTERPOL, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
El abogado nigeriano Femi Falana, que dirige la defensa de Saab ante el tribunal, celebró hoy su decisión al señalar que el fallo del 15 de marzo "en cuanto a la ilegalidad de la detención" de Saab "debe ser respetado por Cabo Verde".
"El equipo de defensa hace ahora un llamamiento a las autoridades competentes de Cabo Verde para que cumplan la decisión del Tribunal de la CEDEAO, liberen inmediatamente a Álex Saab y pongan fin a la extradición", agregó Falana en un comunicado.
Cabo Verde sostiene que no tiene obligación de cumplir las órdenes del tribunal africano, pues no ha ratificado el protocolo que otorga jurisdicción a ese organismo en casos de derechos humanos.
El Gobierno caboverdiano, que respalda la extradición, mantiene también que el caso de Saab debe seguir sus trámites legales en Cabo Verde, estando el Ministerio Público a la espera de la decisión de la Justicia sobre su entrega a Estados Unidos.
El pasado marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario colombiano, pero la defensa apeló el veredicto ante el Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial del país.
Tras su detención, Venezuela aseveró que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares".