El llamado "texto base", que define las líneas generales del proyecto, fue aprobado con 42 votos a favor y 37 en contra, pero aún deberá ser sometido a una nueva discusión en la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Ejecutivo para su sanción.
Ese último trámite deberá ser cumplido la semana próxima, pues el proyecto fue presentado bajo la forma de "medida provisional", como en Brasil se conoce a iniciativas del Gobierno que tienen validad por tres meses, que en este caso se cumplirán el próximo miércoles.
Mediante este proyecto, se abriría un proceso de capitalización de la empresa, la mayor del sector eléctrico en América Latina, en el que el Estado se abstendría de participar.
De ese modo, se calcula que se reduciría la participación estatal en la compañía del actual 60 % a cerca de un 45 %, todo mediante una oferta pública de acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
El proyecto establece además que cada accionista privado no podrá tener más de un 10 % del total del capital y le reserva al Estado una llamada "acción dorada", que le daría poder de veto en algunas decisiones de la empresa.
De acuerdo a los cálculos del Gobierno, ese proceso pudiera suponerle unos ingresos cercanos a los 60.000 millones de reales (hoy 12.000 millones de dólares) y sería realizado este mismo año o durante el primer trimestre de 2022.
Eletrobras posee el 43 % de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de 76.230 kilómetros, y cuenta con una capacidad instalada de generación de 50.676 megavatios (MW), equivalente al 29 % de la producción brasileña.
El año pasado, la firma estatal obtuvo un beneficio neto de 6.387 millones de reales (unos 1.205 millones de dólares), un valor 43 % menor respecto a 2019, debido al peor desempeño en el segmento de generación, entre otros factores.
El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, de corte liberal y que promueve un vasto proceso de privatizaciones, ha alertado de que el país está a las puertas de una grave crisis hídrica y que el sector eléctrico "sufrirá las consecuencias".
El propio mandatario ha intentado justificar la privatización de Eletrobras con ese argumento, que es resistida por los sindicatos y los partidos políticos del espectro progresista.