Este pacto pretende abordar las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales, la congestión y la financiación de la infraestructura vial.
"Este acuerdo sobre la tarificación de las carreteras, con reglas más estrictas y más amplias y un nuevo esquema para abordar las emisiones de CO2, es un elemento crucial para descarbonizar el transporte y cumplir los objetivos climáticos en línea con el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París", dijo en un comunicado el ministro portugués de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, cuyo país ostenta este semestre la presidencia europea.
Así, las viñetas basadas en el tiempo se eliminarán gradualmente para los vehículos pesados en la red transeuropea de transporte (TEN-T) dentro de los ocho años posteriores a la entrada en vigor de la directiva.
En los casos en que los Estados miembros apliquen un sistema común de viñetas, como el Tratado Euroviñeta, tendrán dos años adicionales para adaptar o disolver ese sistema.
Las carreteras cubiertas por la eliminación gradual representan las principales rutas donde se lleva a cabo la mayor parte del tránsito internacional de vehículos comerciales. Ahora bien, los países pueden seguir aplicando viñetas en otras partes de su red.
Se permiten exenciones a la eliminación gradual de viñetas en casos debidamente justificados, como en casos de baja densidad de población o cuando una viñeta se aplica a una sección limitada de una carretera.
En virtud del acuerdo, los países también tendrán la opción de establecer un sistema de carga combinado para algunos tipos de vehículos pesados, que en lo pactado reúne elementos basados en la distancia y el tiempo e integra las dos herramientas de variación (el nuevo, basado en las emisiones de CO2, y el existente, basado en categorías).
QUIEN CONTAMINA PAGA
Este sistema permitirá la plena aplicación de los principios de "el usuario paga" y "quien contamina paga", al tiempo que permitirá a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para diseñar sus propios sistemas de tarificación vial.
Sin embargo, como principio básico, conservan la libertad de aplicar peajes y tarifas de usuario para diferentes categorías de vehículos, pero también tienen la facultad de eximir del pago a ciertas de ellas.
Además, incluye la obligación de aplicar una viñeta diaria para los automóviles o viajeros ocasionales en tránsito.
Para que sean más ecológicas se introduce una nueva herramienta en toda la UE para las distintas infraestructuras y tarifas de usuario de los vehículos pesados en función de las emisiones de CO2.
Inicialmente, el régimen solo se aplicará a los camiones más grandes, pero puede extenderse gradualmente a otros tipos de vehículos pesados y adaptarse periódicamente al progreso tecnológico.
La variación de los peajes o cargos de usuario en función del desempeño ambiental se aplicará a las camionetas y minibuses a partir de 2026, cuando sea técnicamente factible.
OTROS CARGOS Y EXENCIONES
El cobro de costos externos por la contaminación del aire será obligatorio para los vehículos pesados después de un período de transición de cuatro años.
Sin embargo, los países podrán no aplicar este cargo si da lugar a una desviación del tráfico que tendría consecuencias negativas no deseadas.
En cuanto a los principios fundamentales para la asignación de ingresos por tarifas de carreteras permanecerán sin cambios, aunque se deberían destinar a proyectos en el sector del transporte, en particular en apoyo de la red transeuropea de transporte. Sin embargo, los países no están obligados a hacerlo.
Con respecto a los ingresos generados por las tarifas de congestión opcionales, o su equivalente en valor financiero, se deberán utilizar para abordar esos problemas o para desarrollar el transporte y la movilidad sostenibles en general.
Las nuevas reglas permiten aplicar un margen más alto (hasta un 50%) a la tasa de infraestructura aplicada a tramos de carreteras muy congestionados específicos, si los Veintisiete están de acuerdo.
El texto acordado incluye una serie de exenciones relativas, por ejemplo, a los contratos de concesión existentes, las personas discapacitadas y las zonas escasamente pobladas.
Los Estados miembros dispondrán de dos años a partir de la entrada en vigor de la directiva para incorporar las disposiciones a su legislación nacional.