De forma paralela, según informa el diario La República, un ciudadano planteó una demanda de amparo constitucional para evitar que Fujimori pueda beneficiarse de una posible ampliación del plazo legal para plantear pedidos de nulidad de los votos.
Esta información, que se dio a conocer de forma fragmentada en un primer lugar, elevó la tensión en las redes sociales -nuevo foco de la tormenta en el país- donde fue interpretada como una medida impulsada por simpatizantes de la candidata precisamente para forzar dicha ampliación.
Aunque el cómputo de votos se encuentra a un 0,049 % de concluir, la mira del país entero está centrada ahora en los recursos legales presentados por el partido de Fujimori y los esfuerzos de las autoridades por controlar los ataques contra sus opositores en las redes sociales.
Con el 99,951 % del cómputo nacional, Castillo ha alcanzado el 50,13 % de la votación, con una diferencia de 48.220 votos frente a Fujimori, que congregó el 49,86 %.
Sin embargo, la última herramienta elegida por el fujimorismo antes de reconocer su virtual derrota ha sido una auditoría informática de la digitalización de las actas electorales solicitada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que puede extender aún más el cierre del conteo de votos en Perú.
AUDITORÍA AL ENTE ELECTORAL
La personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, argumentó en la solicitud que se "ha detectado por redes sociales" una serie de cuestionamientos entre actas validadas y el sistema de la ONPE.
La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.
En tal sentido, piden al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclarar si cuentan con un manual de calidad para la digitalización de actas, cuál es la política de calidad para este proceso, y si el control de documentos cuenta con procedimiento documentado.
Asimismo, exigen conocer si la identificación, protección, almacenamiento, recuperación y disposición de los registros están protegidos por una metodología adecuada, y si los registros de actas de la primera y segunda vuelta presidencial cuentan con copias de seguridad.
AMPARO CONTRA EL JURADO ELECTORAL
Además, ante el Poder Judicial se presentó una demanda de amparo para solicitar una medida cautelar contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú.
La demanda fue presentada por Carlos Antonio Franco Pacheco ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima después de que el JNE rechazara ampliar el plazo para que Fuerza Popular pudiera presentar todas las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.
Este ciudadano es el que solicita a la Justicia que no se permita al JNE alterar esos plazos.
Este lunes, el JNE evaluó los expedientes de apelación de diez actas observadas de la segunda vuelta presidencial en cinco regiones del país y pronunciará su decisión en los próximos días.
De otro lado, la asociación civil Transparencia, que vela por el correcto funcionamiento de las instituciones y la democracia, condenó "enérgicamente cualquier intento de alejarse del cauce democrático e institucional" al Perú.
ACOSO EN CAMPAÑA
"También deploramos el acoso que están recibiendo las autoridades electorales por el ejercicio de su labor, así como otros ciudadanos, debido a sus posiciones políticas", añadió en alusión a las manifestaciones, plantones y campañas virales de los últimos días.
La campaña "Chapa tu caviar" (jerga política peruana que significa atrapa al opositor a Fujimori o a las fuerzas de derecha) se ha difundido en redes sociales que apoyan a la candidata derechista tras el balotaje del pasado 6 de junio, que mantiene como líder de la votación al izquierdista Pedro Castillo.
Sus promotores, aún no identificados, difunden en redes sociales afiches con fotografías de intelectuales, artistas, políticos, periodistas y juristas a los que acusan de "arruinar la vida de todos los peruanos".
FISCALÍA Y GOBIERNO INVESTIGAN
Ante esta situación, la Fiscalía ha abierto una investigación por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves o leves tipificados en el Código Penal peruano.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó su condena a "toda campaña de hostilización a ciudadanas/os en redes sociales" y tras enfatizar que "los discursos de odio son inaceptables" demandó a la Fiscalía y la Policía Nacional "tomar cartas en el asunto".
A nombre del Gobierno, el ministro del Interior, José Elice, declaró que "desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional se ha intensificado el trabajo de Inteligencia y además el monitoreo de cada uno de estos casos".
Elice dijo que “habrá que encontrar a los responsables” porque “estas cosas tampoco pueden suceder, no se puede amenazar a nadie de la manera como, supuestamente, se ha amenazado, según lo que hemos visto en las redes sociales”.