Gracias a sus avanzadas leyes de transparencia y a una “tolerancia cero” contra la corrupción, los Estados nórdicos -a excepción de Islandia- figuran desde hace años entre los siete países menos corruptos del mundo, según el ránking de Transparencia Internacional.
En la región nórdica el listón anticorrupción es tan alto que incluso los casos más leves se consideran un escándalo y pueden acabar provocando la dimisión de los políticos díscolos. Sin embargo, en ocasiones el excesivo celo de la prensa y la opinión pública hace que se sobredimensionen.
Es el caso del llamado “aamiaisgate”, el “escándalo de los desayunos”, que se inició hace dos semanas cuando el diario sensacionalista “Iltalehti” desveló que la primera ministra finlandesa, la socialdemócrata Marin, ha gastado una media de 350 euros al mes de dinero público en desayunos para su familia.
Más tarde se supo que Marin también cargó al erario público comidas ya preparadas, por lo que el gasto total en alimentación pagado por los contribuyentes durante los 17 meses que lleva de mandato asciende a 14.363,20 euros, unos 845 euros mensuales.
Explicaciones e investigación policial
Marin, quien alcanzó relevancia mundial a finales de 2019 cuando se convirtió en la primera ministra más joven del mundo con 34 años, se apresuró a dar explicaciones para intentar calmar a la opinión pública.
Según explicó en Twitter, la Oficina del Primer Ministro (VNK, por sus siglas en finés) le informó cuando asumió el cargo de que tenía derecho a este tipo de servicios de cáterin libres de impuestos durante sus estancias en Kesäranta, la residencia oficial.
El problema es que la legislación finlandesa regula de forma genérica el uso de la residencia oficial y los servicios que en ella se prestan, pero no especifica los gastos de manutención que corresponden al jefe del Gobierno.
Las cuestiones prácticas quedan en manos de los funcionarios de la VNK y estos actualizaron en 2019 las directrices sobre el funcionamiento de Kesäranta, en las que se incluía por primera vez el derecho del primer ministro a encargar artículos para el desayuno y comidas frías "por un coste razonable".
A raíz de ello, la Policía finlandesa ha abierto una investigación contra los funcionarios de la VNK que elaboraron esas directrices por si hubieran cometido un delito, aunque ha dejado claro que la primera ministra no es parte de las pesquisas.
Mientras tanto, Marin ha anunciado que va a devolver todo el dinero público que ha gastado en cáterin y ha asegurado que no volverá a utilizar este servicio hasta que se esclarezca si se ajusta a la legalidad.
Casualidad o no, este escándalo ha coincidido con la recta final de la campaña electoral de los comicios municipales que se celebran este domingo en Finlandia.
Otros escándalos nórdicos
Uno de los casos más conocidos en los países nórdicos es el de Mona Sahlin, figura emergente de la socialdemocracia sueca de finales de los 80 y principios de los 90, llamada a ser la sucesora de Ingvar Carlsson al frente del partido y a convertirse en la primera mujer en ocupar la jefatura de Gobierno en Suecia.
Pero Sahlin acabó dimitiendo de todos sus cargos y no llegó a presentarse al liderazgo socialdemócrata en 1995 después de que se descubriera que usó una tarjeta de crédito oficial para compras privadas (aunque luego reintegraba el dinero) por valor de algo más de 5.000 euros como pañales, cigarrillos y Toblerone, una marca de chocolatinas que dio nombre al caso.
La Fiscalía sueca acabó archivando el caso al no considerar que hubiera delito, y Sahlin volvió años después a la política activa, convirtiéndose en líder del partido (2007-2011), aunque no llegó a ser primera ministra.
La conservadora Cecilia Stegö Chilò solo duró diez días como ministra de Cultura sueca (2006): dimitió al conocerse que había contratado de forma irregular a varias niñeras y que no había pagado el canon por tener una televisión durante una década y media.
Dos días menos duró la también conservadora Maria Borelius como Ministra de Comercio (2006), después de que se hiciesen públicas algunas irregularidades en el pago de impuestos.
En Noruega fue sonado en 2008 el caso de la entonces líder del Partido Centrista y ministra de Energía y Petróleo (una de las principales carteras) Åslaug Haga, que acabó renunciando tras airear la prensa que había cometido dos infracciones menores de las normas de construcción en propiedades familiares.
En Dinamarca, dos condenas por impago de mobiliario por cerca de 7.000 euros le costaron la carrera política a la ministra danesa de Familia y Consumo Henriette Kjær (conservadora) en 2005, que dejó su cargo cuando el caso salió en los medios.