"Negar el paso peatonal humanitario de venezolanos hacia Colombia y viceversa es una acción criminal, miles de personas necesitan comprar medicamentos, alimentos e insumos básicos que no se consiguen en el país", escribió en Twitter el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
En su opinión, el cierre obliga a los venezolanos a "exponer la vida en los pasos ilegales", conocidos como trochas, y "financiando así en forma directa al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, a través del pago de extorsión".
El cierre se mantiene, según explicó a Efe una fuente gubernamental, por no haberse consensuado la apertura y tratar de hacerlo Colombia de manera "unilateral".
El equipo del chavista Freddy Bernal, representante del Gobierno de Nicolás Maduro en el estado de Táchira, donde están los principales pasos fronterizos con Colombia, indicó que solo se permite la movilidad de las personas con certificados de salud o con algún tipo de condición sanitaria.
Bernal había dicho el pasado 21 de mayo que la frontera con Colombia sería abierta de forma progresiva y en coordinación con las autoridades del país vecino.
La noche del lunes, el Gobierno colombiano informó que autorizaba a partir de este miércoles la "apertura gradual" de los pasos terrestres y fluviales con Venezuela, una decisión rechazada por el país caribeño.
La frontera entre Venezuela y Colombia está cerrada al paso vehicular desde el año 2015 por orden de Caracas y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por el presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta una caravana de ayuda humanitaria.
Venezuela comparte con Colombia una frontera terrestre de 2.219 kilómetros y los principales pasos fronterizos están entre Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y el estado venezolano de Táchira.