Las imputaciones que leyó la Fiscalía a los tres primeros sindicados fueron a los militares José Daniel Monterroso, Edgar Virginio de León Sigüenza y Enrique Cifuentes de la Cruz, por su presunta participación en los vejámenes de lesa humanidad investigados por querellantes y el Ministerio Público (MP).
En la imputación, la Fiscalía de DD.HH. señaló que Monterroso trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, una estructura que "ejecutó operaciones clandestinas en contra de 195 personas".
Además, el MP sindicó a Monterroso por la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán, hermano de Aura Elena Farfán, la fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), galardonada en 2018 por el Departamento de Estado de EE.UU. como "Mujer de Coraje".
La Fiscalía también incluyó un testimonio del piloto de un automóvil a cargo de la estructura donde trabajaba Monterroso, la famosa "Panel Blanca", que fue utilizada para trasladar de la Policía Nacional a edificios del Ejército a los detenidos clandestinamente.
El testigo aseguró que, contrario a lo que se ha creído por activistas e investigadores, la "Panel Blanca" no estuvo a cargo de la Guardia de Hacienda, sino a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
También, la Fiscalía imputó a Edgar Virginio de León Sigüenza, un exsargento del Estado Mayor del Ejército que igualmente fue señalado de la desaparición Forzada y delitos contra los deberes de humanidad en agravio de Farfán.
El tercer imputado del día fue Enrique Cifuentes de la Cruz, el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, por vejámenes a 12 personas, en la desaparición forzada de nueve personas, en un asesinato y en el asesinato en grado de tentativa a Álvaro René Sosa Ramos, uno de los detenidos clandestinos que logró escabullirse y consiguió refugio en la embajada de Bélgica y, posteriormente, fue asilado en Canadá.
Según la Fiscalía, Cifuentes trabajó en coordinación del también detenido por este caso Jacobo Esdras Salán Sánchez y el fallecido coronel Byron Disrael Lima Estrada, este último condenado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera en 1998, dos días después de que este presentara un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala con testimonios de víctimas del conflicto armado.
La audiencia de primera declaración de los militares y policías retirados inició el pasado lunes y continuará el jueves, con seis de los señalados en la sala del Juzgado de Mayor Riesgo "B" y los restantes internados en centros de salud.
Los 12 detenidos están sindicados de haber cometido delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada durante el Gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).
Los exmilitares dirigieron e integraron estructuras de contrainsurgencia del Estado de Guatemala, como la Dirección de Inteligencia Militar, conocida como D-2; el Departamento de Investigaciones Técnicas (que fichaba opositores políticos); la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional; y la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como "El Archivo".
Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.