El letrado Abu Bakr aseguró en un comunicado que su cliente se quitó el uniforme oficial de la prisión tras haber terminado su pena de dos años de prisión por enriquecimiento ilícito y tráfico ilegal de divisas al encontrarse en su domicilio más de siete millones de euros y 300.000 dólares.
Aunque la sentencia en su contra tuvo lugar en diciembre de 2019, el cumplimiento de la condena comenzó a contar desde el momento en que fue detenido, en abril de 2019, cuando fue derrocado tras varios meses de protestas populares.
Al Bashir seguirá preso en la cárcel de máxima seguridad de Kobar, en Jartum, ya que todavía debe enfrentar el juicio que sigue actualmente junto con otros 27 imputados, entre militares y civiles, por el golpe de Estado y le esperan otras causas ante la Justicia de su país.
Entre las que están abiertas, hay una por la ejecución en 1991 de 28 oficiales del Ejército sudanés que participaron en un intento de asonada y otra por la apropiación de 20 millones de dólares de las arcas del Estado, además de otras investigaciones, como la de la comisión de crímenes de guerra en la región de Darfur.
Además, sobre el exdictador sudanés pesan dos órdenes de arresto internacionales, ya que la Corte Penal Internacional lo reclama para juzgarlo por genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad por el conflicto en Darfur, que entre 2003 y 2008 causó la muerte de unas 300.000 personas.