"Si la Comisión Electoral sigue adelante con esta propuesta, mostraría una vez más la descarada indiferencia de la junta por la voluntad del pueblo de Birmania y por el debido proceso legal", dijo en un comunicado una portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La Comisión Electoral, nombrada por la junta militar, anunció el viernes que disolverá a la LND por haber cometido "fraude electoral" durante los comicios del pasado noviembre, la justificación original usada por el Ejército para dar el golpe de Estado del 1 de febrero que destituyó al Gobierno democrático de la Nobel de la Paz Ang San Suu Kyi.
Tras el anuncio, la UE reiteró hoy que el resultado de esas elecciones representa la voluntad del pueblo birmano, tal y como fue confirmado por observadores nacionales e internacionales, y "ninguna decisión arbitraria de la junta y los miembros de la Comisión Electoral nominados ilegalmente puede cancelar esto".
"Ni la represión ni procedimientos pseudo-legales sin base podrán dar legitimidad a la toma de poder ilegal por parte de la junta", señala el comunicado de la UE, que "seguirá denunciado todos los intentos (...) de alterar el resultado de las últimas elecciones generales".
"Solo respetando la voluntad de la gente puede Birmania volver a su camino democrático y proporcionar estabilidad y desarrollo sostenible", afirman.
La formación que gobernaba la Nobel desde 2015 arrasó en las elecciones de noviembre, con 368 escaños frente a los 24 del Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), vinculado a los militares. La Comisión Electoral acusa a su partido de fraude, alegaciones que ha sido rechazadas por los observadores.
Durante el levantamiento, los militares cancelaron el Parlamento elegido en las urnas y detuvieron a parte del Gobierno, incluida a Suu Kyi, que desde entonces se encuentra en arresto domiciliario y ha sido acusada de delitos variopintos, como importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 o violar la Ley de Secretos Oficiales, lo que podría acarrearle una pena de 14 años de prisión.
El proceso judicial se celebra mientras continúan las protestas y el movimiento de desobediencia civil contra la junta militar que están siendo reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que han matado a al menos a 810 personas y detenido a más de 5.000.