En un comunicado, la delegación de Naciones Unidas en Birmania (Myanmar) afirmó que un número no determinado de civiles han muerto, mientras que otros 4.000 han sido desplazados, según fuentes locales, al tiempo que pidió a las autoridades que garanticen la llegada de ayuda humanitaria.
La ONU también mostró su preocupación por las informaciones sobre los supuestos abusos de los soldados birmanos, incluido el uso de civiles como escudos humanos o agresiones sexuales contra mujeres y niñas en Mindat, en el noroeste del país.
Los combates entre el Ejército y la recién formada Fuerza de la Defensa Chin se recrudecieron el pasado 12 de mayo cuando las tropas de la junta militar asediaron a la población civil con bombardeos aéreos y artillería pesada.
A pesar de la brutal represión de las fuerzas de seguridad, los birmanos continúan manifestando a diario su rechazo contra la sublevación militar y en apoyo a la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, y del movimiento prodemocrático.
Algunos manifestantes han optado por la resistencia violenta, llegando a matar con armas de caza a miembros del Ejército y han formado milicias o se han unido a grupos étnicos armados.
Varias guerrillas de las minorías étnicas, que representan un tercio de los 53 millones de birmanos, llevan alzadas en armas desde hace décadas para pedir más autonomía o la independencia y algunas han expresado su apoyo al movimiento de desobediencia civil contra la junta militar.
Al menos 812 personas han perdido la vida tras el golpe a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas en oposición al mando castrense, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 4.000 detenidos.
El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.