Argentina ingresó en el Grupo de Lima, formado por 14 países americanos y la Unión Europea (UE), por decisión del anterior gobierno presidido por Mauricio Macri (2015-2019).
El objetivo de ese grupo de países es propiciar una salida pacífica a la crisis en Venezuela y condenar la ruptura del orden democrático. En 2019, el líder opositor del gobierno interino venezolano, Juan Guaidó, ingresó al bloque.
“Las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, señaló la cartera.
El gobierno de Alberto Fernández, un peronista de centroizquierda que ganó la presidencia en una fórmula con la exmandataria Cristina Kirchner, rechazó “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima”.
Dicha participación opositora “ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”, indicó el ministerio.
“Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”, agregó la cancillería.
“Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, añadió.
El gobierno de Fernández afirmó que, “en un contexto en el que la pandemia ha hecho estragos en la región, las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades, así como los intentos de desestabilización ocurridos en 2020, no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables”.
“Las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, afirmó la cancillería.