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Lava Jato (lavadero de autos) empezó en 2014 con una requisa por blanqueo de dinero en una estación de servicio de Brasilia.
Tirando los hilos, y recurriendo a métodos como la delación premiada, los investigadores descubrieron una tentacular red de sobornos pagados por grandes constructoras como Odebrecht a políticos de casi todos los partidos, para obtener contratos en la estatal Petrobras.
En casi siete años, el balance es de 174 condenados en Brasil y 12 presidentes o expresidentes involucrados en América Latina, entre ellos el líder de la izquierda brasileña Luiz Inácio Lula da Silva.
Los juicios permitieron además al erario brasileño recuperar 4.300 millones de reales (unos 800 millones de dólares al cambio actual) y otros 15.000 millones están en camino.
Pero en los últimos tiempos, Lava Jato perdió lustre y la Fiscalía General anunció el miércoles, sin provocar mayores reacciones, la disolución de su núcleo original.
Irónicamente, esto ocurrió bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, el líder que supo capitalizar la ola antisistema provocada por Lava Jato para ganar las elecciones de octubre de 2018.