Al menos así lo recuerda hoy Ricardo Gil Lavedra, miembro del tribunal que dictó una sentencia que, en su opinión, actuó a modo de “bisagra” de la transición argentina, puesto que permitió que ese renacer democrático “pudiera establecerse sobre la base del imperio del Estado de Derecho, sobre la base del imperio de la ley y del principio de no impunidad”.
“La sensación que tengo vista la distancia es... ¿cómo pudimos? Eran tantas las dificultades de toda índole, la complejidad del juicio más grande que ha habido en la historia argentina, la falta de recursos materiales... Fue un trabajo monumental”, manifiesta a Efe por videoconferencia.
Tras meses de audiencias orales, la sentencia concluyó que en los años del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ hubo un plan sistemático de exterminio organizado desde las más altas instancias del Estado argentino, en este caso la cúpula militar, que acabó con la vida de unas 30.000 personas, según estimaciones de diversas organizaciones de derechos humanos.
Los antecedentes del juicio
El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de llegar a la Casa Rosada, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) firmó el decreto 158/83, que ordenó el juicio sumario de nueve militares que integraron las Juntas entre el golpe de Estado de 1976 y el estallido de la guerra de las Malvinas en 1982.
Los acusados en la histórica “Causa 13” fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, todos ellos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en etapas sucesivas.
El juicio fue instruido en un primer momento por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (un tribunal militar de última instancia), pero la causa terminó por pasar a manos de la Cámara Nacional de Apelaciones el 4 de octubre de 1984 ante la “demora injustificada” en los procedimientos.
Ricardo Gil Lavedra fue uno de los seis integrantes de esa Cámara, cuyo mayor aliado fue el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), fundada por Alfonsín ese mismo 15 de diciembre, que certificó la existencia de cientos de centros ilegales de detención y tortura en todo el país durante la dictadura cívico-militar.
El tenso camino hacia la sentencia
Lo cierto es que el juicio más importante en la historia contemporánea de Argentina fue muy rápido: el 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias orales, entre el 11 y el 18 de septiembre la Fiscalía efectuó las acusaciones (secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal y falsedad documental) y el 9 de diciembre el tribunal dictó sentencia.
Para Ricardo Gil Lavedra, una de las claves de este éxito fue la planificación del juicio: obligado a trabajar bajo la normativa militar, el tribunal decidió flexibilizar “de modo pretoriano las reglas”, dándole al juicio un carácter “marcadamente adversarial”, en donde el fiscal asumió en plenitud la acción penal y el tribunal se replegó a un papel de “tercero imparcial”.
Otro de los aciertos, agrega el jurista, fue la estrategia acusatoria, que en vez de seleccionar la totalidad de los crímenes de la dictadura eligió tan sólo los casos “más paradigmáticos” del informe de la CONADEP, concretamente 709 (el tribunal examinó 280), para así imputárselos personalmente a los nueve militares.
Las amenazas y las intimidaciones a los miembros del tribunal fueron una constante esos meses, un tiempo en que hubo un clima “muy enrarecido” como consecuencia de que “gran parte de la sociedad creía en lo que decían los militares”.
“Cuando estábamos preparando la sala del juicio, el comisario nos llamó y nos dijo que teníamos que cambiar el estrado de lugar, que estaba de espaldas a un gran ventanal. Nos dijeron que no nos garantizaba que hubiesen francotiradores al otro lado de la calle”, subraya Gil Lavedra.
En cualquier caso, el 9 de diciembre de 1985 el presidente de la Cámara, León Arslanián, leyó la famosa sentencia: reclusión perpetua para Videla y Massera, 17 años de prisión para Viola, 8 para Lambruschini y 4 años y seis meses a Agosti, mientras que Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
El legado “universal” del fallo
Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), todos los militares de las Juntas fueron indultados al amparo de las llamadas “Leyes de la Impunidad”, declaradas inconstitucionales en el 2005, año en que algunos de ellos volvieron a la cárcel y en que se reabrieron muchísimos juicios pendientes.
Con todo, el enjuiciamiento de las Juntas Militares, según Gil Lavedra, convirtió a Argentina en un “referente universal” de los derechos humanos, un país precursor en su momento tanto de los juicios de transición como de las comisiones de la verdad.
“Fue la primera vez que los crímenes de la dictadura saliente pudieron ser juzgados por tribunales ordinarios. El juicio precipitó lo que luego, en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, se llamó justicia retroactiva”, expone.
Sobre si podría volver a ocurrir algo similar a la última dictadura cívico-militar en un futuro, el abogado es tajante en su negativa: el mayor legado de la sentencia que hoy cumple 35 años fue, sin duda, la enorme conciencia democrática que dejó en el seno de la sociedad argentina.
“La aparición de cualquier forma de violencia en la política es repudiada de modo inmediato por todos los sectores políticos, es impensable también cualquier interrupción del proceso democrático. A mí me parece que eso ha quedado absolutamente firme y esto fue gracias a cómo comenzó esta transición”, concluye Ricardo Gil Lavedra.