En sus primeras declaraciones ante el juez, Sarkozy dijo : “No acepto ninguna de las infamias por las que se me persigue después de seis años”.

El juicio, que fue aplazado la semana pasada, empezó con la denuncia de la abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, de las “numerosas derivas” y “violaciones graves” del derecho a la defensa de Sarkozy, lo que “anula todo el procedimiento”, según Laffont.

Todo estaba listo en el tribunal de París el 23 de noviembre para la apertura de este juicio sin precedentes pero uno de los tres acusados, Gilbert Azibert, solicitó un aplazamiento alegando que su salud corría riesgo por la epidemia del coronavirus.

Tras ordenar un examen médico que dictaminó que su estado es “compatible” con su comparecencia, el tribunal rechazó el jueves la demanda, instando al antiguo alto magistrado de 73 años a presentarse “personalmente” a la audiencia el lunes.

“El tribunal adoptó su decisión, que se impone”, dejó en acta el abogado Dominique Allegrini al término de la audiencia, ante la prensa.

La 32ª sala correccional empezó a las 13:30 (09:30 hora paraguaya) el examen de este caso inédito, ya que Nicolas Sarkozy, de 65 años, es el primer expresidente de Francia en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados.

Antes de él, solo un expresidente francés, Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte.

Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, acudió el lunes y jueves. “No tengo la intención de que se me reprochen cosas que nunca cometí”, declaró antes del juicio, descartando que fuera un “corrupto” y denunciando un “escándalo”.

Línea telefónica oficiosa

Retirado de la política desde su derrota en las primarias de la derecha en 2016 aunque sigue manteniendo su influencia en el partido conservador Los Republicanos, Nicolas Sarkozy podría ser condenado a diez años de cárcel y a un millón de euros de multa por corrupción y tráfico de influencias, así como el resto de los juzgados, acusados por violación del secreto profesional, que también refutan cualquier infracción.

En este caso, Sarkozy es sospechoso de haber intentado corromper, junto con su abogado Thierry Herzog, a Gilbert Azibert, cuando era juez en el Tribunal Supremo.

Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto, e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el caso Bettencourt, sobreseído a finales de 2013.

A cambio, habría ayudado a Gilbert Azibert a obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo obtuvo.

Este caso, conocido en Francia como el de las “escuchas”, surgió por otro caso que afecta desde hace años al exjefe del Estado, el de las sospechas de financiación de Libia a su campaña presidencial de 2007, que le ha supuesto una inculpación cuádruple.

En el marco de estas investigaciones, los jueces descubrieron en 2014 la existencia de una línea telefónica oficiosa entre el antiguo presidente y su abogado Thierry Herzog, abierta a nombre de “Paul Bismuth” --el nombre de un viejo conocido de instituto de Herzog.

Escuchas ilegales

Las conversaciones interceptadas en esta línea secreta están en el centro del caso. Para la acusación, son la prueba de un “pacto de corrupción”. Para la defensa, se trata de una escucha “ilegal” ya que considera que se ha violado el secreto de los intercambios entre un abogado y su cliente.

Este asunto, por el que el Tribunal Supremo falló a favor de Sarkozy en 2016, volverá a ser debatido a partir de este lunes.

La defensa también tratará de dilucidar el caso denominado “bis”, una investigación preliminar para averiguar el “topo” eventual que habría informado a Nicolas Sarkozy y a Thierry Herzog de que estaban siendo escuchados por la justicia en su línea “Bismuth”.

Sarkozy tiene otra cita judicial el próximo año: el proceso del caso Bygmalion sobre los gastos de la campaña para la elección presidencial de 2012.