Andrew Fulton sostuvo que la corte, que examina un recurso de la junta del BCV nombrada por el presidente Nicolás Maduro, no tiene “jurisdicción” para investigar la validez de los nombramientos hechos por Guaidó y debe aceptarlos como “actos de un Estado soberano”.
Según su tesis, esto es así porque el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” al dirigente opositor, en un comunicado de 2019, como “presidente interino de Venezuela hasta que se celebren elecciones creíbles”.
Fulton sostiene que el tribunal británico debe aceptarlo también como jefe del Estado venezolano, al margen de que Maduro controle en la práctica el funcionamiento de Venezuela, en base a la doctrina de “una sola voz”, que conmina a las instituciones del Estado a actuar unificadas en política exterior.
Si lo hace, entonces no puede “cuestionar sus decisiones” en territorio venezolano, aunque hayan sido invalidadas por la Justicia de Venezuela, puesto que son “actos de un Estado extranjero”, adujo.
El juez Stephen Phillips observó que “es muy extraño” que se pida a la corte que reconozca a Guaidó como “presidente constitucional” y al mismo tiempo se le incite a ignorar los fallos del Tribunal Supremo de Caracas, sujeto también a la Constitución.
“No es un tribunal independiente”, dijo Fulton, a lo que el panel de tres jueces puntualizó que eso “está por decidir”.
Fulton aludió a un dictamen de 2019 en Estados Unidos en el que, en base a principios similares a los que él expone, el tribunal dio por buenos sin cuestión los nombramientos de Guaidó a la directiva de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en detrimento de la junta designada por Maduro.
Nick Vineall, por la junta del BCV designada por el presidente chavista, encabezada por Calixto Ortega, sostiene por su parte que el Gobierno británico solo reconoció a Guaidó “de iure” (en derecho) pero no “de facto”, e insta a la Justicia británica a considerar los dictámenes del Tribunal Supremo de Caracas.
Tras escuchar hoy los últimos argumentos de las partes, el tribunal londinense se pronunciará, en una fecha futura, sobre el recurso de la junta del BCV de Maduro contra un fallo del pasado 2 de julio, que daba al bando rival el control sobre las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).
La Justicia británica debe determinar qué junta es la legítima para poder avanzar en la demanda interpuesta en mayo contra el BoE por Ortega, que lo acusa de infringir el contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para ser usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.