En Estados Unidos, donde cerca de 40.000 personas mueren cada año por disparos de arma de fuego, la Constitución consagra a través de su segunda enmienda el “derecho de las personas a poseer y portar armas”.
Un fallo de la Corte Suprema considerado un hito dijo en 2008 que la enmienda garantizaba el derecho individual de poseer un arma y anuló una ley que prohibía las pistolas en Washington. Luego, en 2010, dijo que esa decisión era aplicable a nivel estatal y federal. Sin embargo, según Joseph Blocher, profesor de derecho en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, el máximo tribunal no ha sido del todo explícito. “No ha dicho demasiado sobre cómo las cortes deberían evaluar la constitucionalidad de otras leyes de armas, como las restricciones a las armas de asalto, los cartuchos de alta capacidad y el porte encubierto” .
Desde 2010, la Corte Suprema ha rechazado sistemáticamente casos vinculados a las armas. Pero este año ha aceptado por primera vez en casi una década resolver uno sobre restricciones a las armas impuestas en la ciudad de Nueva York en nombre de la seguridad pública y a las que se opone la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Al abordar este caso, puede que la corte aproveche la oportunidad para aclarar cómo pueden decidir los juzgados si el control de armas es legal o no.
Historia y tradición
Los defensores de un control más estricto sobre las armas de fuego temen que el fallo de la Corte Suprema perjudique su causa. Bajo la presidencia de Donald Trump, quien prometió durante su campaña electoral que nombraría jueces que creyeran en el derecho a las armas, el tribunal ha tenido una marcada inclinación a la derecha.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump llenó dos vacantes en la corte con jueces conservadores, que superan así por un miembro a los liberales, 5 a 4. Uno de los nominados por Trump, Brett Kavanaugh, ha asentado por escrito que las leyes sobre las armas deben evaluarse “solamente en base a su texto, la historia y la tradición, en vez de por su efectividad para abordar los problemas contemporáneos de la violencia con armas”, explicó Blocher.
En el centro de la discusión está una ley de la ciudad de Nueva York que prohibió el porte de armas fuera del hogar, con excepción de cuando se llevan a un polígono de tiro. Un grupo de demandantes cuestionó la ley en una corte diciendo que violaba sus derechos, al no permitir transportar sus armas a una segunda residencia o a polígonos de tiro fuera de la ciudad. Los querellantes perdieron en un tribunal de primera instancia, pero cuando la Corte Suprema tomó la decisión de intervenir la ciudad reformó la ley para permitir a los portadores registrados llevar sus armas a segundas residencias o a polígonos fuera de la ciudad.
Con los cambios ya vigentes, Nueva York pidió a la Corte que declare el caso obsoleto, petición que será la primera en discutirse en la sesión del lunes. Si la decisión de la corte es seguir adelante con la discusión, el fallo será anunciado en junio del año que viene, en plena campaña para las elecciones de 2020.
Historias de víctimas
En un país donde 30% de la población adulta posee al menos un arma, el caso está concitando atención nacional. Unas 50 organizaciones proarmas han presentado escritos de “amicus curiae”, presentaciones que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión. Incluso la administración Trump, a través de un escrito presentado por el representante del gobierno ante la Corte Suprema, ha apoyado a los defensores de los derechos de tenencia, haciéndose eco de los argumentos esgrimidos por Kavanaugh.
En la posición contraria, una organización llamada March for Our Lives (Marcha por nuestras vidas), fundada tras el tiroteo en una escuela de Parkland, en Florida que dejó 17 muertos, ha dejado a un lado la retórica legal y apuesta por convencer a los jueces con emotivos testimonios de sobrevivientes de ataques con armas. Estas historias “representan a decenas de miles de otros jóvenes agobiados por la amenaza de la violencia de las armas cada día”, escribieron. “Están presionando a quienes definen las políticas para que los mantengan a salvo”.