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Se trata, según la oenegé, del mayor número de arrestos registrado desde el movimiento de protesta que siguió en 2012 al retorno de Vladimir Putin al Kremlin. Según las cifras oficiales de la policía de Moscú, unas 3.500 personas, incluyendo unos 700 periodistas y blogueros, asistieron el sábado a la manifestación. La policía informó el sábado de “1.074” arrestos por “infracciones diversas”.
La oposición denuncia la exclusión de candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de septiembre, que se anuncian complicadas para los candidatos que apoyan al poder, en un contexto de fuerte descontento social. La protesta del sábado, delante del ayuntamiento de Moscú, tuvo lugar tras una concentración que congregó a 22.000 personas el domingo anterior, algo nunca visto desde 2012.
Varios de los arrestos efectuados el sábado fueron violentos, con numerosos manifestantes heridos en la cabeza, según periodistas de la AFP. En un comunicado difundido el domingo, la Unión Europea criticó la ola de arrestos. “Estas detenciones y el recurso desproporcionado a la fuerza contra los manifestantes pacíficos (...) atentan de nuevo gravemente contra las libertades fundamentales de expresión, de asociación y de reunión”, dijo Maja Kocijancic, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. La oenegé Amnistía Internacional denunció el sábado por la noche un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía y pidió la “liberación inmediata de manifestantes pacíficos”.
Por la mañana, antes de la concentración, varios opositores fueron arrestados y sus domicilios y oficinas, registrados. El opositor Ilia Iashin anunció una “nueva gran manifestación” en Moscú el 3 de agosto. El miércoles, el principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, fue condenado a 30 días de prisión por violación de “las reglas de las manifestaciones”.
Estas acciones judiciales tienen lugar tras la apertura de una investigación por “obstaculización del trabajo de la Comisión Electoral” de Moscú, a raíz de manifestaciones a mediados de julio. Pueden dar lugar a penas de hasta cinco años de prisión, lo que recuerda las condenas pronunciadas durante el movimiento de 2011-2012 contra el regreso de Putin a la presidencia.
AFP