Al renovar su respaldo como presidente interino al opositor Juan Guaidó, los cancilleres del Grupo de Lima instaron al gobierno de Nicolás Maduro a “no dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible”.
“En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales”, según la declaración emitida al cabo de su encuentro en Buenos Aires.
Estados Unidos, principal apoyo de Guaidó, ha impuesto sanciones a Maduro y a decenas de sus funcionarios y desde abril rigen también para la industria petrolera. Además, la Unión Europea ha sancionado a funcionarios venezolanos y algunos países de América Latina han prohibido su ingreso.
“Estamos recurriendo a un camino de presión, un camino que tiene que dar resultados, que significa la salida de Maduro”, declaró a la prensa el diputado venezolano Julio Borges, representante de Guaidó en esta cita.
“Líneas rojas”
La reunión del Grupo de Lima se realizó en paralelo a un diálogo entre representantes de Maduro y Guaidó que se lleva a cabo de manera reservada en Barbados con mediación de Noruega.
Maduro ha descartado repetir las presidenciales de mayo de 2018, pero insiste en celebrar comicios para el Parlamento, único poder que controla la oposición, sin precisar fecha.
El canciller argentino Jorge Faurie recalcó este martes que “en los procesos de negociación siempre hay claras líneas rojas. Para el Grupo de Lima una convocatoria anticipada del mandato de la Asamblea Nacional es una clara línea roja”.
Julio Borges insistió en que “en Venezuela tiene que haber un cambio. Nosotros queremos el cambio por el voto, quien escoge la violencia es Nicolás Maduro”.
Informe Bachelet
Al condenar las violaciones a los derechos humanos referidas en un informe de la Alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, los cancilleres anunciaron que remitirán ese reporte ante la Corte Penal Internacional, organismo al que en 2018 solicitaron investigar a Maduro por crímenes contra la humanidad.
La declaración final señaló que se promoverá la investigación del apoyo recibido por Maduro de parte de gobiernos y agrupaciones políticas en América Latina, “a través de esquemas trasnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo”.
Además, expresó su rechazo a foros y movimientos, en particular el Foro de Sao Paulo que se instalará esta semana en Caracas, “que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial e ilegítimo de Nicolás Maduro”.
“Mientras Venezuela vive su dictadura todas nuestras democracias están de alguna manera debilitadas. Lo que vive Venezuela amenaza la paz, la seguridad regional y también compromete la seguridad internacional”, dijo Faurie.
El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones latinoamericanas y Canadá, fue creado hace dos años para adoptar una postura común frente a la crisis venezolana, que ha desatado -según la ONU- un éxodo de unas cuatro millones de personas, principalmente a países de la región.
El canciller peruano, Néstor Popolizio, se refirió a la oleada migratoria y pidió “apoyo urgente y efectivo de la cooperación internacional a los países de acogida”.
Perú, con 768.100 venezolanos, y Colombia, con 1,3 millones, son los países que albergan a mayor cantidad de migrantes y refugiados.
“Abogamos siempre por la solución pacífica a la crisis liderada por los propios venezolanos lo antes posible. La crisis se agrava y requiere urgente solución a través de elecciones creíbles, transparentes, libres y justas”, dijo Popolizio.