Estos últimos autoproclamaron una administración autónoma en zonas del norte de Siria en guerra. Pero, no es reconocida por el gobierno de Damasco ni a nivel internacional, lo que complica establecer allí un tribunal universal que pueda beneficiarse de cooperación judicial extranjera.
¿Por qué juzgarlos en Siria?
Apoyados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, los combatientes árabo-kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) proclamaron en marzo su victoria sobre el EI, tras la reconquista de un último reducto yihadista en el este.
Actualmente, alrededor de un millar de hombres extranjeros, sospechosos de actividades yihadistas, se encuentran recluidos en prisiones ubicadas en zonas kurdas. Unos 12.000 mujeres y niños no sirios, familiares de yihadistas, están internados en campos de desplazados internos.
A principios de julio, las autoridades kurdas invitaron a expertos internacionales a participar en una conferencia en el noreste de Siria, para examinar la posible creación de un tribunal internacional en la región semiautónoma.
“Vamos a trabajar para crear este tribunal aquí”, señala a la AFP Abdel Karim Omar, alto funcionario de Relaciones Exteriores de la administración kurda. “La pregunta ahora es ’¿cómo establecer este tribunal y bajo qué formato?’”.
Tras proclamar en 2014 un “califato” en vastos territorios a caballo entre Siria e Irak, el EI multiplicó sus atrocidades por lo que la ONU abrió una investigación por crímenes de guerra.
“Lo ideal sería establecer un tribunal en la región en la que fueron cometidos estos crímenes, para que la propia población participe en el proceso judicial”, afirma Mahmud Patel, experto sudafricano en derecho internacional.
En el vecino Irak, centenares de personas, entre ellas muchas extranjeras, ya han sido condenadas a muerte o a cadena perpetua. En las regiones kurdas la pena de muerte ha sido abolida.
¿Qué modalidades?
Abdel Karim Omar aspira a que un tribunal internacional juzgue a los sospechosos, “en conformidad con las leyes locales tras adaptarlas para que cumplan con el derecho internacional”.
Las autoridades semiautónomas kurdas cuentan con tribunales, entre los que hay uno que juzga a sirios acusados de haberse integrado al EI, pero sería necesaria la asistencia logística y legal para los ciudadanos extranjeros, añade este funcionario.
“Habría jueces locales e internacionales, así como abogados extranjeros” para defender a los acusados, proyecta Omar.
Para Nabil Budi, abogado que participó en la conferencia, es necesario sobre todo que haya “una investigación seria dirigida por un juez instructor”, además de que sea “que sea mucho menos expeditivo que en Bagdad”.
El exembajador de Estados Unidos para los crímenes de guerra, Stephen Rapp, estima que la opción más realista -más que la de un tribunal internacional como los establecidos para los crímenes en la ex Yugoslavia o Ruanda- sería contar con un tribunal kurdo.
Éste podría beneficiarse de la “asistencia extranjera, condicionada al respeto del derecho internacional”, señala el exfiscal en el juicio por crímenes de guerra contra el expresidente liberiano Charles Taylor.
¿Qué posibilidades de éxito?
Pero, sin un real compromiso de los países involucrados los yihadistas retenidos en Siria podrían pasar varios años en prisión sin ser juzgados, advierte el exembajador.
“Sería igual de costoso” y no proporcionaría “ni paz ni estabilidad a esta región”, añade.
Tras las discusiones con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los kurdos se muestran optimistas. “Ninguna de las partes se ha opuesto a la creación de un tribunal para juzgar a estos criminales”, se regocija Abdel Karim Omar.